Una vez mas el resto del mundo, con excepción de varios países, presentan su escepticismo inicial, por ejemplo, Mexico, ante la realidad de la “Junta de Paz (BoP)”, establecida por el presidente Donald J. Trump ahora principios de 2026. De principio, con la opinión de algunos países, otros con conceptos inferiores consideran que, el BoP es un organismo internacional muy controvertido con opiniones divididas sobre su eficacia e intención.

Su consideración como “buena” depende de si se valora su enfoque de respuesta rápida, liderado por los donantes, y a la misma vez se prioriza la diplomacia multilateral tradicional. Argumentos a favor por la paz mundial, lo “Bueno del BoP”, primero es la reconstrucción rápida.

Quienes la apoyan, los países de buena fe argumentan que la junta ofrece una “alternativa ágil y muy necesaria” a las Naciones Unidas, capaz de sortear los típicos retrasos burocráticos y movilizar rápidamente miles de millones de dólares para la reconstrucción de Gaza.

Esto es desde una financiación significativa, comenzando con su reunión inaugural, el 19 de febrero de 2026, Estados Unidos ha comprometido $10,000 millones de dólares, mientras que otros Estados miembros, incluidos Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, han prometido $7,000 millones de dólares adicionales para las labores de socorro.

Con la participación regional la junta BoP ha conseguido el apoyo de países árabes clave como Egipto, Jordania y Catar, lo cual se considera vital para la legitimidad de cualquier marco de paz a largo plazo en Oriente Medio.

En cuanto al enfoque de seguridad, es claro que su objetivo es desplegar una “Fuerza Internacional de Estabilización (FSI) para hacer cumplir los ceses del fuego y supervisar la desmilitarización de Gaza, abordando preocupaciones de seguridad centrales que los esfuerzos anteriores tuvieron dificultades para gestionar.

Yo, opino que es una maniobra brillante del presidente Trump.

Revisando históricamente un tema de escepticismo mundial, recordemos que, si bien varios organismos internacionales se enfrentaron al escepticismo inicial, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es el ejemplo más destacado de una organización que surgió de un predecesor “fallido” para convertirse en un pilar indispensable de la estabilidad global.

¿A que tememos estos países escépticos? ¿La sombra del fracaso, en la Sociedad de Naciones?

Para comprender por qué el mundo desconfiaba de la ONU en su nacimiento en el año 1945, debemos analizar la Sociedad de Naciones. Creada después de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad no logró evitar la Segunda Guerra Mundial, lo que llevó a muchos a creer que la “seguridad colectiva” era una fantasía ingenua.

Cuando se propuso la ONU, los críticos argumentaron que sería simplemente otro “tigre de papel” sin poder real para detener a las grandes potencias.

¿Pero porqué la gente dudaba de la ONU? En sus inicios, el escepticismo se centraba en tres áreas principales:

El poder de veto: Muchas naciones pequeñas creían que los “Cinco Grandes” (EE. UU., Reino Unido, URSS, Francia y China) usarían su poder de veto para paralizar la organización, haciéndola ineficaz en crisis reales.

La Guerra Fría: Casi inmediatamente después de su creación, el mundo se dividió en dos bandos. Muchos creían que la ONU se convertiría simplemente en un escenario para las batallas propagandísticas entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

Falta de Fuerzas Armadas: A diferencia de un país, la ONU no contaba con un ejército propio, lo que llevó a los escépticos a preguntarse cómo podría hacer cumplir sus resoluciones.

Cómo se demostró su Valía: A pesar de estos desafíos, la ONU se convirtió en una “gran organización” al ampliar su definición de “seguridad” más allá de simplemente detener guerras.

Demostró su eficacia mundial mediante el Éxito Humanitario, a través de agencias como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y UNICEF, ha salvado a millones de personas de la hambruna y la enfermedad, hitos que los mismos escépticos no imaginaron originalmente fuera posible.

La descolonización: La ONU supervisó la transición de docenas de colonias a naciones independientes, ayudando a desmantelar imperios globales de forma relativamente pacífica.

La “Paz Prolongada”: Si bien no ha detenido todos los conflictos, la ONU proporcionó un foro permanente de diálogo que evitó que la Guerra Fría se convirtiera en una Tercera Guerra Mundial nuclear.

Estándares Globales: Estableció la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se convirtió en el referente moral y legal de la justicia mundial.

No olvidemos otras menciones destacadas no solo citando a la ONU, otras dos organizaciones encajan en este perfil de “desvalida”. Organización Escepticismo Inicial Beneficio Comprobado. La Unión Europea (UE). Muchos creían que los enemigos históricos (Francia, Alemania) nunca podrían compartir una moneda ni abrir fronteras. Creó el período de paz más largo en la historia europea y una enorme economía unificada.

La Organización Mundial de la Salud (OMS). Escépticos dudaba de su capacidad para coordinar la salud mundial a través de las divisiones políticas. Sin embargo, lideró la exitosa campaña mundial para erradicar la viruela, uno de los mayores logros de la humanidad.

Una cita ilustre: “La ONU no fue creada para llevar a la humanidad al cielo, sino para salvarla del infierno.” Del Sr. Dag Hammarskjöld, Economista y segundo ex secretario general de las Naciones Unidas.

Humphrey Humberto Pachecker, JD-LLM. “Desde mi esquina del Ring”

Ninguno de estos tiene derecho a la amnistía en Venezuela. Ni Nicolas Maduro, Delcy Rodríguez, Cilia Flores, Nicolas Ernestro Maduro Guerra [Nicolasito], Ramon Rodríguez Chacin ni Diosdado Cabello, Ramon Rodríguez Chacin, Tareck El Aissami, Héctor Rosendo Guerrero Flores, Vladimir Padrino López, funcionarios carceleros, incluyendo los  Colectivos y otras agrupaciones de civiles que actúan como “ejecutores” o fuerzas de choque del gobierno de Maduro. 

Tras las recientes acusaciones y procesos judiciales en Estados Unidos (actualizados a inicios de 2026), los principales señalados antes citados NO pueden recibir ningún tipo de amnistía de acuerdo al Derecho Internacional Humanitario consuetudinario.   El Derecho Internacional Humanitario (DIH) consuetudinario es vinculante para todos los Estados del mundo.

 A diferencia de los tratados (como los Protocolos Adicionales de 1977), que solo obligan a quienes los firman, las normas consuetudinarias [DIH] surgen de una “práctica general aceptada como derecho” y se aplican universalmente.

Casi todos los países han ratificado los Convenios de Ginebra de 1949, que forman la base del DIH. Sin embargo, el derecho consuetudinario es vital para países que no han ratificado ciertos tratados posteriores pero que sí reconocen las normas como vinculantes por costumbre.

Según el derecho internacional humanitario (DIH) consuetudinario, las amnistías están estrictamente prohibidas para las personas sospechosas, acusadas o condenadas por crímenes de guerra, infracciones graves de los Convenios de Ginebra, tortura, genocidio y crímenes de lesa humanidad. Si bien el derecho internacional promueve amnistías amplias al final de las hostilidades no internacionales para quienes simplemente participaron en los combates, este incentivo excluye específicamente a los autores de crímenes internacionales graves.

Esta prohibición se describe en la Norma 159 del estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario, que establece que, si bien las autoridades deben otorgar la amnistía más amplia posible después de un conflicto armado no internacional a quienes participaron, excluye a las personas sospechosas, acusadas o condenadas por crímenes de guerra.

El derecho internacional y la política de la ONU también sostienen que las amnistías no pueden proteger legalmente a las personas de la responsabilidad por:

Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949: Los Estados están obligados a criminalizar, buscar, enjuiciar o extraditar a los presuntos autores de infracciones graves.

Los tratados de paz no pueden incluir cláusulas de amnistía para estos crímenes.

Crímenes de guerra: El DIH consuetudinario exige a los Estados investigar los presuntos crímenes de guerra cometidos por sus nacionales o en su territorio y enjuiciar a los sospechosos según corresponda.

Tortura: Como norma imperativa (ius cogens), la prohibición de la tortura implica que los actos, incluidas las amnistías, que autorizan o amparan la tortura son ilegítimos.

Genocidio y crímenes de lesa humanidad: Los acuerdos de paz refrendados por la ONU no pueden prometer amnistías para estos crímenes.

Violaciones graves de los derechos humanos: Los organismos regionales e internacionales de derechos humanos consideran que las amnistías para las ejecuciones sumarias y las desapariciones forzadas son incompatibles con el deber del Estado de investigar y sancionar.

Incluso si se concede una amnistía nacional, la jurisdicción universal permite a otros Estados iniciar procedimientos legales contra los autores de crímenes internacionales.

Los comandantes y superiores también pueden ser considerados penalmente responsables por crímenes de guerra que ordenaron o no previnieron, y no pueden beneficiarse de amnistías si son declarados culpables bajo estas formas de responsabilidad.

Además, las amnistías nacionales no impiden que la Corte Penal Internacional (CPI) ejerza su jurisdicción si determina que un Estado no está dispuesto a procesar legítimamente.

La siguiente tabla resume la permisibilidad de la amnistía para las diferentes categorías de delitos:

Categoría de delito. Permisibilidad de la amnistía. Fundamento jurídico.

Mera participación en hostilidades Recomendada: Regla 159; Protocolo Adicional II, Art. 6(5); Crímenes de guerra/Infracciones graves Prohibidas: Regla 159; Convenios de Ginebra (Arts. 49, 50, 129, 146)

Tortura Prohibida: Estatuto de ‘ius cogens’; Convención contra la Tortura.

Genocidio Prohibido: Convención contra el Genocidio, Art.

Crímenes de lesa humanidad Prohibidos: Derecho consuetudinario emergente; Política de la ONU.

Las cortes y tribunales internacionales han dictaminado sistemáticamente que las leyes nacionales de amnistía no pueden eximir a las personas de ser procesadas por violaciones graves del derecho internacional humanitario (DIH) y de los derechos humanos.

Los siguientes casos son los ejemplos más significativos en los que dichas leyes fueron revocadas o declaradas sin efecto jurídico alguno por violar principios internacionales:

1. Barrios Altos vs. Perú (2001). Corte: Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

El fallo: Esta decisión histórica fue la primera de un tribunal internacional en declarar nulas las leyes nacionales de autoamnistía.

El tribunal dictaminó que las disposiciones destinadas a impedir la investigación y el castigo de violaciones graves, como la masacre de 15 personas en 1991, eran inadmisibles por violar derechos inderogables.

Impacto en el DIH: Estableció que los Estados no pueden utilizar el derecho interno para eximirse de la obligación de investigar y castigar delitos graves como las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas.

2. Almonacid Arellano vs. Chile (2006). Tribunal: Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

El Fallo: La Corte determinó que la Ley de Amnistía de Chile de 1978 (Decreto Ley N.° 2.191) no podía aplicarse a la ejecución extrajudicial de un docente por parte de las fuerzas de seguridad. Declaró explícitamente que estos crímenes de lesa humanidad no son susceptibles de amnistía.

Principio Clave: La Corte introdujo la doctrina del “control de convencionalidad”, que exige a los jueces nacionales priorizar los tratados internacionales como la Convención Americana sobre las leyes nacionales contradictorias.

3. El Salvador: Inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía (2016). Tribunal: Corte Suprema de El Salvador (siguiendo las directrices de la Corte IDH).

El Fallo: La Corte declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General de 1993, señalando que violaba las obligaciones internacionales en virtud de los Convenios de Ginebra.

Fundamento jurídico: El tribunal argumentó que, si bien el Protocolo Adicional II (artículo 6(5)) promueve la amnistía más amplia posible al final de las hostilidades, esta no puede incluir actos prohibidos en cualquier momento, como los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.

4. Gomes Lund c. Brasil (2010). Tribunal: Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Sentencia: La Corte IDH ordenó a Brasil revocar su ley de amnistía de 1979, que había bloqueado el procesamiento por la desaparición forzada de 62 rebeldes durante la dictadura militar.

Importancia: Afirmó el derecho fundamental a la verdad de las víctimas y sus familiares, independientemente de las leyes nacionales promulgadas por regímenes anteriores.

5. Tribunal Especial para Sierra Leona: Acuerdo de Lomé (2004). Tribunal: Tribunal Especial para Sierra Leona (TSSL).

El fallo: En el caso Kallon y Kamara, el tribunal dictaminó que la amnistía otorgada en el Acuerdo de Paz de Lomé de 1999 no impedía el procesamiento de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad ante un tribunal internacional.

Impacto: Reforzó el principio de que una amnistía nacional no puede vincular a un tribunal internacional cuando se trata de crímenes de “jurisdicción universal”.

Resumen de los Principios Fundamentales. Caso Principio Violado Resultado Legal. Barrios Altos Derecho a la protección judicial Ley declarada nula “ab initio”.

Almonacid Arellano Obligación de castigar crímenes de lesa humanidad Jueces nacionales deben ignorar la ley

El Salvador Convenios de Ginebra y Protocolo Adicional II

Ley declarada inconstitucional. Tesla de Sierra Leona Jurisdicción universal sobre crímenes de guerra Amnistía declarada inválida para juicios internacionales.

Los juicios penales contra Alberto Fujimori en Perú sentaron precedentes legales históricos que influyeron significativamente en los procesos posteriores de exjefes de Estado, especialmente en América Latina.

Su condena en 2009 marcó la primera vez que un líder elegido democráticamente fue juzgado y condenado por violaciones de derechos humanos en su propio país.

Precedentes legales clave y su influencia. Autoría mediata (Autoría indirecta): El tribunal utilizó la teoría del “control del acto en virtud de un aparato de poder organizado” (autoría mediata) para responsabilizar a Fujimori.

Esta doctrina estableció que un líder puede ser penalmente responsable por los delitos cometidos por sus subordinados si controlaba el aparato estatal que los ejecutó, incluso sin una orden escrita directa.

Jurisdicción nacional sobre crímenes internacionales: El fallo demostró que los tribunales nacionales, y no solo los tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional, son capaces de enjuiciar crímenes complejos de lesa humanidad.

Esto desplazó la “cascada de justicia” hacia la rendición de cuentas nacional de los altos funcionarios.

Inaplicabilidad de las amnistías por abusos graves: El juicio reafirmó que los crímenes de lesa humanidad no prescriben ni pueden ampararse en leyes nacionales de amnistía ni en indultos.

6. Este principio fue utilizado posteriormente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para impugnar y finalmente revocar el indulto humanitario otorgado a Fujimori en 2017.

Extradición y excepciones por delitos políticos: La decisión de la Corte Suprema de Chile de extraditar a Fujimori sentó un precedente: los “delitos políticos” no eximen a los exlíderes de enfrentar cargos por violaciones de derechos humanos en sus países de origen.

Impacto en otros jefes de Estado. El éxito del juicio a Fujimori aumentó la presión para la rendición de cuentas en otros casos regionales:

Perú: Aumentó la presión para investigar a otros líderes, como el expresidente Alan García, por presuntas violaciones de derechos humanos durante su primer mandato.

Rendición de cuentas regional: El juicio se cita con frecuencia como un “modelo de debido proceso” que animó a los sistemas judiciales de América Latina a abordar la arraigada impunidad de los exlíderes militares y políticos.

Reacción reciente: Por el contrario, los recientes avances legislativos en Perú, como la ley de 2024 que restringe el procesamiento de crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002, representan una reacción directa y un intento de desmontar los precedentes establecidos por la condena de Fujimori.

“Desde mi esquina del Ring” por Dr. Humberto Humphrey Pachecker. JD- LLM.

Una vez más entre los 67 años de dictadura criminal comunista de Cuba las autoridades represivas cubanas detuvieron en este mes de febrero de 2026 a dos jóvenes quienes promueven la democracia y los derechos humanos en la disidencia en Cuba, ellos son Ernesto y Kamil, jóvenes creadores del proyecto de contenido político crítico “El4tico” (o 4tico). https://www.instagram.com/reel/DUlZ0j5ApxZ/ “Proteger el país no es lo mismo que proteger… el control”, decían en ‘El4tico’ Kamil Zayas Pérez y Ernesto Ricardo Medina, detenidos esta semana por la Seguridad del Estado cubano.

Tras sufrir acoso y citaciones previas por sus publicaciones contra las políticas represivas del régimen Castro comunista, fueron arrestados y trasladados a un centro de instrucción penal en Holguín, lo que ha generado una vez más condenas por represión a la libertad de expresión. 

Ernesto y Kamil, conocidos por su proyecto digital “El4tico”, dedicado a la crítica política en Cuba. Fueron detenidos el viernes 6 de febrero de 2026 y trasladados a un centro de instrucción penal en Holguín.

La detención se produjo tras un periodo de citaciones y hostigamiento contra los jóvenes por su contenido frontal contra las injusticias del régimen cubano comunista.

Este arresto ha provocado preocupación y denuncias por parte de la Embajada de Estados Unidos en la Habana, Cuba, también de organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional, destacando el contraste con las afirmaciones oficiales de que no se persigue a nadie por pensar diferente. Comunistas castristas, abusadores, criminales, abusivos torturadores. 

Mensaje del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Corte AICACHR, Washington DC, unido el mismo a la directiva de NAFA LAW Dr. Humberto H Pachecker:

Ciudadanos y Organizaciones ONG en este mensaje el Dr. Pachecker les recuerda que, aunque en general, no hay fiscal en un caso civil, bien el término “fiscal” se reserva estrictamente para el derecho penal, la parte que cumple una función similar en el derecho civil es el demandante para una ejecución civil.

Agencias de DD. HH., y Civiles como la Comisión de Bolsa y Valores pueden interponer acciones de ejecución civil contra empresas y otras partes. Los abogados que las gestionan actúan de forma similar a los fiscales, pero dentro del sistema judicial civil.

En algunos países de derecho civil internacional (como Francia y Italia), un Fiscal Público puede participar en juicios civiles para garantizar que los procedimientos se ajusten a la ley, aunque no procesa la disputa privada en sí.

Precedente legal aplicable para Cuba y Venezuela como lo ha reiterado el Dr. Pachecker en varios de sus artículos jurídicos presentados ante la Camara de Expertos Comisión de Derechos Humanos Corte AICACHR [Ver enlaces al pie de este escrito]:

Estos juicios precedentes llevados a cabo en el Palacio de Justicia de la ciudad de Núremberg, en Alemania, cuales deben aplicar a Cuba y Venezuela bajo el derecho internacional, establecieron que los individuos, y no solo los estados, podían ser considerados responsables de crímenes contra la humanidad y que “seguir órdenes” no era una defensa válida.

Enjuiciamiento de guardias, carceleros y personal de los campos:

Más allá de los juicios principales, el personal específico de los campos fue llevado ante la justicia a través de diversos tribunales militares y nacionales:

Juicios nacionales: Tras la Declaración de Moscú de 1943, los Aliados acordaron que los alemanes responsables de atrocidades serían enviados de regreso a los países donde se cometieron los crímenes para ser juzgados de acuerdo con las leyes locales.

Juicios de la guarnición de Auschwitz: En Cracovia (1947), el Tribunal Nacional Supremo juzgó a 40 personas de la guarnición de Auschwitz. 23 fueron condenadas a muerte, incluido el comandante Arthur Liebehenschel y la directora del campo de mujeres, María Mandel. Ver otros artículos del Dr. H. H. Pachecker- haz clic en cada enlace:

http://courtaicac-hr.us/jucio-en-america-latina-clave-de-nuremberg-latina-americana-para-enjuicias-a-dictadores-comunistas-en-americas/

https://www.nafalaw.com/blog/2019/06/24/your-mission-the-prosecution-of-the-castro-regime-for-crimes-against-humanity/#

https://www.nafalaw.com/blog/2018/10/14/2505/#

Mensaje del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Corte AICACHR, Washington DC, unido el mismo a la directiva de NAFA LAW Dr. Humberto H Pachecker:

Hoy en el Día de la Juventud (12 de febrero de 2026), las manifestaciones estudiantiles universitarias en Venezuela cobran un profundo significado simbólico y político, en un contexto de agitación nacional sin precedentes. Tras la captura del dictador expresidente Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense en enero 3 de 2026, estas protestas sirven tanto como una prueba de nuevas libertades como un impulso para una transición definitiva a la democracia.

La Continuidad histórica en el Día de la Juventud conmemora la Batalla de La Victoria de 1814, donde los estudiantes lucharon por la independencia. Las protestas modernas enmarcan esta historia como una lucha continua contra el autoritarismo moderno y por la reconciliación, la convivencia y la paz.

Un rayo de esperanza para los estudiantes de instituciones como la Universidad Central de Venezuela (UCV), estas manifestaciones representan una exploración de los límites de la libertad de expresión tras años de represión por la dictadura Castro comunista en Venezuela.

Simbolizan el oxígeno necesario para un movimiento de reforma democrática más amplio. Rechazo al statu quo, estos manifestantes aprovechan la jornada para expresar su indignación contra la presidenta interina Delcy Rodríguez y la Asamblea Nacional, exigiendo el fin de lo que consideran un gobierno títere aún dominado por los aliados de Maduro.

Los resultados tangibles y políticos es lograr la Amnistía para los presos políticos. Una de las principales demandas de las manifestaciones de 2026 es la aprobación inmediata de una amplia ley de amnistía.

La Asamblea Nacional programó el debate final de este proyecto de ley para que coincidiera exactamente con el Día de la Juventud.

Prueba de las libertades civiles muestran que el gobierno ha relajado recientemente algunas medidas represivas bajo presión internacional y posibles futuras consecuencias de la administración Trump.

Las marchas estudiantiles pacíficas sirven como un indicador crucial de si esta “apertura” es genuina o una táctica temporal para apaciguar a gobiernos extranjeros. Reconciliación A nivel nacional; estas protestas, junto con las vigilias de las familias de los detenidos, ya han presionado al gobierno para que libere a más de 400 presos políticos a partir de febrero de 2026.

Con la contra movilización estas manifestaciones también ponen de relieve la profunda polarización nacional, ya que el partido gobernante suele organizar sus propias marchas del Día de la Juventud para exigir el regreso del dictador Maduro, presentando la situación actual como un golpe de Estado con respaldo extranjero. “LIBERTAD PARA VENEZUELA Y CUBA”. HHP. https://www.facebook.com/watch/?v=650566044814755

Los juicios en América Latina, que utilizan precedentes del estilo de Núremberg, se han centrado históricamente en romper los ciclos de impunidad mediante el establecimiento de la responsabilidad penal individual por las atrocidades cometidas por el Estado.

En este enfoque, denominado la “clave de Núremberg latinoamericana”, transformó el derecho penal de una herramienta de control estatal en un mecanismo para la defensa de los derechos humanos.

El Doctor. Humphrey Humberto Pachecker-  Juez Administrativo en Derechos Humanos de la Corte AICAC-HR solicitará de forma oficial siguiendo las reglas del Fiscal de la CPI que después de analizar este caso y alegatos escritos con la contribución de abogada/os miembros de la Asociacion Nacional NAFA LAW bajo la jurisdicción presentada al Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) honorable Karim Khan, para que inicie una investigación ‘proprio motu’ basándose es este caso presentado con la información enviada para que de esta forma se pueda abrir oficialmente dicha causa con la autorización de la ‘Sala de Cuestiones Preliminares de Jueces de la CPI’. Ver nota (1) al pié.

Las características clave de estos juicios incluyen: Enjuiciamiento de la cúpula dirigente: Al igual que Núremberg cual se centró en los funcionarios nazis, aquí y ahora en este caso, como en los juicios latinoamericanos, como el Juicio a las Juntas en Argentina (1985), enjuiciaron a altos mandos militares por crímenes sistemáticos como las desapariciones forzadas y la tortura- Ver nota (2) al pié.

Marco de “crímenes de lesa humanidad”: Estos juicios utilizan el precedente de Núremberg de que ciertos actos son tan atroces que violan el derecho internacional, independientemente de las leyes nacionales o las amnistías.

Responsabilidad de mando: Establecen que los superiores son legalmente responsables de los crímenes de sus subordinados, incluso si no participaron directamente en los hechos. Ver en este caso quienes son los responsables de estos crimenes cuales serán enjuiciados. Tres dictaduras comunistas en Latinoamérica- HAZ CLIC AQUÍ: https://www.nafalaw.com/blog/2026/02/08/tres-dictadoras-comunistas-en-latinoamerica-tres-millones-de-crimenes-cientos-de-miles-de-muertos-millones-de-desplazados-en-cuba-venezuela-nicaragua/

Rendición de cuentas individual: Un principio fundamental es que las personas, y no solo los Estados, deben rendir cuentas por los crímenes internacionales.

Integración con comisiones de la verdad: A diferencia del modelo de Núremberg, puramente retributivo, los procesos latinoamericanos a menudo combinan los juicios con comisiones de la verdad (por ejemplo, la CONADEP en Argentina) para proporcionar un registro histórico más completo.

Litigio estratégico: Los grupos de derechos humanos utilizan estos precedentes para impugnar las leyes de amnistía nacionales, a menudo presentando casos ante tribunales internacionales o extranjeros para forzar la acción en sus países.

Para profundizar en los mecanismos legales específicos utilizados, puede consultar la base de datos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o leer sobre el Juicio a las Juntas. https://www.corteidh.or.cr/index.cfm?lang=es

¿Le gustaría centrarse en la aplicación de estos principios en un país específico, o quizás analizar cómo se están utilizando en casos actuales?

En el continente americano, la jurisdicción sobre las violaciones de derechos humanos y los crímenes cometidos por los gobiernos se divide entre los sistemas judiciales regionales, internacionales y nacionales. https://buenosairesherald.com/human-rights/how-nuremberg-inspired-the-trial-of-the-juntas-to-become-an-example-for-the-world

1. Jurisdicción regional: El Sistema Interamericano:

La principal autoridad regional es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que consta de dos órganos principales:

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Con sede en Washington, D.C., recibe peticiones individuales, investiga denuncias y formula recomendaciones a los gobiernos.

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH): Con sede en San José, Costa Rica, esta corte emite sentencias jurídicamente vinculantes contra los Estados que han aceptado su jurisdicción (actualmente 20 de los 35 Estados miembros de la OEA). Los casos deben pasar primero por la Comisión antes de ser examinados por la Corte.

2. Jurisdicción internacional: La CPI:

Para los “crímenes más graves” (genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad), la Corte Penal Internacional (CPI) tiene jurisdicción:

Complementariedad: La CPI solo actúa si los tribunales nacionales no están dispuestos o no pueden enjuiciar.

Participación: 29 miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) son partes del Estatuto de Roma. Entre los países que no son parte se encuentra Estados Unidos, aunque su personal aún puede ser investigado por crímenes cometidos en el territorio de un Estado miembro de la CPI.

3. Jurisdicción nacional (Tribunales nacionales):

Los tribunales nacionales son la primera línea de defensa de los derechos humanos:

Estados Unidos: Las víctimas pueden demandar a funcionarios gubernamentales por violaciones constitucionales en virtud de la Sección 1983 o presentar demandas contra el gobierno federal a través de la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA).

Ley de Reclamaciones por Agravios de Extranjeros (ATS): Utilizada en los tribunales federales de EE. UU. por no ciudadanos para solicitar indemnizaciones civiles por violaciones graves de derechos humanos cometidas fuera de EE. UU., siempre que la conducta “tenga relación” con el territorio estadounidense.

Jurisdicción universal: Algunos países permiten que sus tribunales nacionales juzguen a personas por crímenes internacionales, independientemente de dónde se hayan cometido.

Para obtener una visión detallada de qué países han aceptado actualmente la autoridad de la Corte Interamericana, puede consultar el mapa de estado interactivo en el sitio web de la OEA.

¿Desea conocer los pasos específicos que debe seguir una persona para presentar una petición ante la Comisión Interamericana, o le interesa más el estado legal actual de un país en particular? Los juicios por violaciones graves de los derechos humanos y crímenes internacionales son competencia principal de la

Corte Penal Internacional (CPI) en casos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. A nivel nacional, los tribunales federales de distrito y, en algunos casos, los tribunales nacionales extranjeros que ejercen jurisdicción universal, tienen autoridad para enjuiciar estas violaciones.

Tribunales internacionales y regionales:

Corte Penal Internacional (CPI): Con sede en La Haya, es un tribunal permanente e independiente que enjuicia a personas por los crímenes más graves de trascendencia internacional, incluidos el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión.

Tribunales internacionales: Tribunales ad hoc (como los de Ruanda o la antigua Yugoslavia) o tribunales híbridos establecidos para abordar situaciones específicas.

Sistemas judiciales nacionales:

Jurisdicción universal: Los tribunales nacionales de un tercer país pueden enjuiciar a ciudadanos extranjeros por crímenes graves contra el derecho internacional (por ejemplo, tortura, genocidio, crímenes de guerra), incluso si el crimen se cometió en el extranjero, basándose en el principio de que tales crímenes afectan a la comunidad internacional en su conjunto.

Tribunales federales/de distrito: En Estados Unidos, los tribunales federales tienen jurisdicción exclusiva sobre los enjuiciamientos por violaciones de las leyes federales de derechos civiles y otros delitos graves.

Tribunales nacionales: En virtud de acuerdos internacionales, los tribunales nacionales a menudo están obligados a investigar o enjuiciar a personas por infracciones graves (por ejemplo, tortura).

Tipos de jurisdicción:

Jurisdicción territorial: Tribunales del lugar donde se cometió el delito.

Jurisdicción personal: Tribunales con autoridad sobre el autor del delito (nacional del país).

Jurisdicción material: Tribunales autorizados para conocer de tipos específicos de casos (por ejemplo, violaciones de los derechos humanos).

Los juicios de Núremberg (1945-1949) fueron de vital importancia por ser los primeros tribunales internacionales en responsabilizar a líderes políticos y militares por crímenes de guerra, crímenes contra la paz y crímenes de lesa humanidad. Establecieron el precedente de que los individuos, y no solo los Estados, pueden ser responsables de violaciones del derecho internacional, sentando así las bases del derecho penal internacional moderno y de los Convenios de Ginebra.

Razones clave de su importancia:

Responsabilidad y precedente legal: Los juicios rechazaron la defensa de “órdenes superiores” (obedecer órdenes) y establecieron que los jefes de Estado podían ser procesados, garantizando que los líderes nazis se enfrentaran a la justicia en lugar de ser ejecutados sumariamente.

Documentación del Holocausto: Mediante una amplia evidencia —documentos, fotografías y testimonios— los juicios documentaron oficialmente los horrores del Holocausto y las atrocidades nazis, impidiendo la negación histórica.

Desarrollo del derecho internacional: La Carta de Núremberg definió los “crímenes de lesa humanidad” y estableció principios que influyeron en la creación de la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional.

Estado de derecho sobre la venganza: Los juicios fueron significativos por optar por procedimientos legales en lugar de la venganza inmediata, proporcionando un modelo de justicia justa, pública y documentada.

Los juicios incluyeron el principal Tribunal Militar Internacional (TMI) para los altos cargos nazis y 12 juicios posteriores para médicos, jueces e industriales.

Los juicios de Núremberg comenzaron hace 80 años, juzgando a los líderes nazis supervivientes por crímenes de lesa humanidad.

Durante diez meses, las pruebas revelaron la magnitud de las atrocidades del Tercer Reich, lo que condujo a ejecuciones, penas de prisión y absoluciones.

Los juicios sentaron un precedente para tribunales posteriores sobre Ruanda y la antigua Yugoslavia, y para la creación de la Corte Penal Internacional.

Figuras como Radovan Karadzic fueron posteriormente procesadas y condenadas a través de estos mecanismos.

Actualmente, la Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto contra líderes de Hamás y funcionarios israelíes, incluido Benjamin Netanyahu, por acciones en Gaza y sus alrededores.

Los críticos afirman que la presión política y las sanciones, especialmente de Estados Unidos, han ralentizado algunas investigaciones de la Corte Penal Internacional.

Núremberg sigue siendo un momento histórico que establece que los individuos que cometen genocidio deben, en última instancia, enfrentarse a la justicia.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el enjuiciamiento de los carceleros, guardias nazis y quienes cometieron violencia sexual fue un proceso complejo que involucró tribunales internacionales, tribunales nacionales en los países liberados y, finalmente, juicios en Alemania Occidental. Si bien los altos funcionarios se enfrentaron a los juicios de Núremberg de gran repercusión, miles de miembros del personal de menor rango de los campos fueron juzgados en los años siguientes por diversas autoridades aliadas y nacionales.

Juicios de Núremberg internacionales y posteriores:

El principal mecanismo para exigir responsabilidades a los líderes nazis fue el Tribunal Militar Internacional (TMI) en Núremberg (1945-1946). A este le siguieron 12 juicios posteriores de Núremberg llevados a cabo por Estados Unidos entre 1946 y 1949.

Personal juzgado: Los juicios procesaron a 199 acusados, incluidos médicos de alto rango, jueces, comandantes de las SS y de la policía, y funcionarios públicos.

Resultados: De estos acusados, 161 fueron condenados y 37 fueron sentenciados a muerte. Sin embargo, muchos de los que recibieron penas de prisión fueron liberados anticipadamente en la década de 1950 debido a indultos.

Precedente legal: Estos juicios establecieron que los individuos, y no solo los estados, podían ser considerados responsables de crímenes contra la humanidad y que “seguir órdenes” no era una defensa válida.

Enjuiciamiento de guardias y personal de los campos:

Más allá de los juicios principales, el personal específico de los campos fue llevado ante la justicia a través de diversos tribunales militares y nacionales:

Juicios nacionales: Tras la Declaración de Moscú de 1943, los Aliados acordaron que los alemanes responsables de atrocidades serían enviados de regreso a los países donde se cometieron los crímenes para ser juzgados de acuerdo con las leyes locales.

Juicios de la guarnición de Auschwitz: En Cracovia (1947), el Tribunal Nacional Supremo juzgó a 40 personas de la guarnición de Auschwitz. 23 fueron condenadas a muerte, incluido el comandante Arthur Liebehenschel y la directora del campo de mujeres, Maria Mandel.

Juicios de Auschwitz en Fráncfort: A partir de 1963, los tribunales de Alemania Occidental procesaron a 22 exmiembros del personal basándose en la legislación estatal alemana. A diferencia de los juicios internacionales, estos acusados ​​fueron acusados ​​de asesinato o de cómplices de asesinato. Seis recibieron cadena perpetua, mientras que otros recibieron penas de 3 a 14 años.

Enjuiciamiento de la violencia y el abuso sexual:

El enjuiciamiento de la violación y la violencia sexual cometidas por guardias y soldados nazis se enfrentó a importantes obstáculos legales y sociales. Omisión en Núremberg: La violación no se incluyó explícitamente en los cargos presentados contra los funcionarios nazis en los Juicios de Núremberg. A menudo se clasificaba bajo categorías más amplias como “otros actos inhumanos” o “tortura y esclavitud”, en lugar de considerarse un crimen de guerra independiente.

Subregistro: Muchas sobrevivientes no denunciaron la agresión sexual debido al estigma social, el miedo a ser marginadas o el deseo de preservar la poca privacidad que les quedaba.

Disciplina interna nazi: Durante la guerra, algunos oficiales de las SS fueron castigados por violar a mujeres judías, pero no por preocupación por las víctimas. En cambio, fueron procesados ​​​​en virtud de las leyes nazis de “contaminación racial” (Rassenschande), que prohibían las relaciones sexuales entre alemanes y judíos. Esto sirvió más como medida disuasoria para los guardias que como forma de justicia para las víctimas.

Reformas de posguerra: La brutalidad generalizada contra los civiles, incluida la violencia sexual, condujo a una actualización del Convenio de Ginebra en 1949, que estableció nuevas regulaciones para la protección de las víctimas de violación.

Procesamiento de Kapos (funcionarios prisioneros):

Los prisioneros que fueron obligados o eligieron colaborar como supervisores (Kapos) también se enfrentaron a la justicia, aunque su condición de víctimas y perpetradores a la vez complicó los procedimientos:

Represalias inmediatas: Tras la liberación, algunos Kapos fueron linchados por otros reclusos. En Bergen-Belsen, aproximadamente 170 Kapos fueron asesinados por prisioneros.

Acción legal: En los juicios de Stutthof de 1946-1947, cinco Kapos fueron condenados a muerte por extrema brutalidad.

Juicios contra Kapos en Israel: Entre 1950 y 1957, Israel celebró juicios contra colaboradores judíos. Inicialmente, fueron tratados de manera similar a los nazis, pero posteriormente la ley se modificó para reconocer su compleja situación como víctimas del terror. La mayoría recibió penas de prisión cortas, que oscilaron entre diez días y 6,5 años.

¿Desea más detalles sobre algún juicio específico, como los Juicios de Auschwitz en Fráncfort o los procedimientos contra las guardias de los campos de concentración? Escribenos al correo Secretária General: 

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(1)- NOTA ACLARATORIA INFORMATIVA: Dr. Humphrey Humberto Pachecker fue nombrado Juez Administrativo Derechos Humanos de la Corte AICAC de Londres Inglaterra. Tribunal AICAC-INTER.US: “Comisión Americana de Derechos Humanos. ” de la  “Corte Americana de Arbitraje Comercial Internacional” es una corte INGO “International Non-governmental Organization” no un tribunal principal en Londres.

Si bien los jueces de derechos humanos (como el Dr. H. H. Pachecker- de los tribunales regionales en este caso INGO Court AICACHR) y la Corte Penal Internacional (CPI) abordan cuestiones relacionadas, no existe un mecanismo legal directo para que un juez de derechos humanos INGO “transfiera” un caso directamente a la CPI.
Aunque los individuos, las víctimas y las organizaciones no gubernamentales (INGO – ONG) no tienen la facultad legal de “remitir” un caso de la misma manera que un Estado o el Consejo de Seguridad, sin embargo, si pueden desempeñar un papel fundamental enviando un OFICIO “comunicación oficial” a la Oficina del Fiscal CPI honorable Sr. Karin Khan***.

El Fiscal revisa estos informes para decidir si existe una “base razonable” para solicitar una investigación formal a los jueces. Organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y ahora AICACHR suelen presentar pruebas a la CPI de esta manera.

***Aunque para este año 2026, el Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) sigue siendo el honorable Karim Khan, quien asumió en 2021, en Venezuela la CPI cerró su oficina técnica en Caracas a finales de 2025 debido a la falta de progreso real en la cooperación con las investigaciones sobre violaciones en Venezuela- otros casos en Latinoamérica continúan bajo su dirección desde La Haya. 

En cambio, ambos sistemas operan de forma independiente: los tribunales de derechos humanos se centran en la responsabilidad civil de los Estados, mientras que la CPI se centra en la responsabilidad penal de los individuos.

Interacción y sinergia entre tribunales. Aunque no pueden transferir casos, el trabajo de los jueces de derechos humanos a menudo influye en la CPI.
Según el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional (CPI) solo puede investigar “situaciones” (no solo casos individuales) cuando su jurisdicción se activa por una de tres fuentes específicas:

Un Estado Parte: Cualquier país que haya ratificado el Estatuto de Roma puede remitir una situación al Fiscal de la CPI, ya sea que los crímenes hayan ocurrido en su propio territorio (autodenuncia) o en el territorio de otro Estado Parte.

El Consejo de Seguridad de la ONU: Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad puede remitir una situación al Fiscal. Esta es la única forma en que la CPI puede obtener jurisdicción sobre crímenes cometidos en países que no son miembros de la Corte (por ejemplo, las remisiones de Darfur, Sudán y Libia).

El Fiscal de la CPI: El Fiscal puede iniciar una investigación por iniciativa propia (proprio motu) basándose en información recibida de diversas fuentes. Sin embargo, para abrir oficialmente dicha investigación, primero debe obtener la autorización de una Sala de Cuestiones Preliminares de jueces de la CPI.

(2)- NOTA: Juicio a las Juntas en Argentina (1985), enjuiciaron a altos mandos militares por crímenes sistemáticos como las desapariciones forzadas y la tortura. https://www.cambridge.org/core/journals/latin-american-research-review/article/transitional-justice-comparative-and-historical-perspectives-from-latin-america/7D6B3C4979301747AA245355DFCD57EB

Carnet Certificación ‘AICAC Juez’ Dr. Humphrey Humberto Pachecker; Registro ‘ABA’ – Colegio Nacional de Abogados Americanos; Registro ‘IBA’ – Colegio Internacional de Abogados. Pasaporte Americano.

Certificado de Acreditacion: Comisión General de Derechos Humanos Internacional Judicial e Investigacion Policial de la Corte AICAC. Comisionado General. 

Emblema sello oficial AICAC.

Anuncio público periodico nacional “News Sun Florida” noviembre 2017 nombramiento del Dr. H. H. Pachecker.

Biblioteca AICAC-HR- presidente Dr. H. H. Pachecker. 

“From my corner of the ring”. Not only have my studies on Marx’s “one-book plan,” officially titled as such, been impacted, but my family and I have also been victims of the Marxist plan used by Fidel Castro.

What similarities can we see on this continent today 2026?

All these communist regimes are historically based on a coherent set of strategies to maintain control over an entire country and its entire population.

These methods are rooted in the 10 measures described in Karl Marx’s Communist Manifesto (Year 1848) and the subsequent principles of government adopted by regimes such as the Soviet Union, China, Cuba, Nicaragua, and more recently Venezuela, among others.

Case in point: In January 2026, following a unilateral US military intervention that captured Nicolás Maduro, the reactions of Mexico, Brazil, Colombia, Nicaragua, and Cuba were influenced by various ideological ties and, according to them, based on deeply rooted regional principles of ‘sovereignty’, but in reality all following a guide in Karl Marx’s Communist Manifesto.

Reasons for opposing the removal of Nicolás Maduro as expressed by all these above cited socialist/communist countries:

While their motivations vary, these nations generally oppose the method of removal (U.S. military force) rather than necessarily supporting the illegitimate Maduro government in Venezuela.

The rhetoric of President Claudia Sheinbaum Pardo of Mexico, and I quote: “This is a Violations of sovereignty and international law…”

Mexico, Brazil, and Colombia have condemned the US operation as a violation of the United Nations Charter and the territorial integrity of Venezuela. They argue that unilateral military action sets a “dangerous precedent” for other nations in the region.

But they mention nothing about Nicolás Maduro’s usurpation of the presidency after losing the 2024 elections to Edmundo Rodríguez Urrutia, with María Machado as his running mate, nor do they mention the illegal occupation of Ukrainian territories carried out by the communist Vladimir Putin starting in 2014. Nor do they mention that these two cases constitute violations of the United Nations Charter and the territorial integrity of Ukraine and Venezuela. But they argue and echo globally that the unilateral military action carried out by the United States under the administration of Donald J. Trump sets a “dangerous precedent” for other nations in the region.

These socialist communists hypocritically constantly cite the fundamental principle of “non-intervention” in Latin American diplomacy, the ‘Estrada Doctrine’ often cited by Mexico, which holds that foreign governments should not judge the legitimacy of other regimes or intervene in their internal affairs.

But they do not mention the principle of non-intervention when Castro’s Cuba actively promoted the export of the socialist communist revolution and supported armed guerrillas in Latin America and the Caribbean for decades. Led by Fidel Castro and Ernesto “Che” Guevara, these efforts included interventions, training, and financing of insurgent groups, seeking to overthrow governments and expand communist influence in the region.

After Castro’s 1959 revolution, Cuba sought to replicate its model. In the 1960-70s, expeditions with mostly Cuban fighters were initially attempted in Panama, Venezuela, and Colombia, among others.

The rhetoric of these countries suggests they fear that a sudden and forced regime change could lead to civil war or a catastrophic collapse, triggering mass migration and violence that would spill across their borders. But, once again, they have ignored the dozens of interventions by Fidel Castro’s communist Cuba throughout the continent.

Ideological alignment and survival with Nicaragua and Cuba as long-standing ideological allies, both countries view U.S. action as “imperialist aggression.” Cuba is particularly vulnerable, as it depends on Venezuelan oil; the fall of Nicolás Maduro’s regime represents an existential economic threat to Havana.

However, despite resounding failures, the Cuban communist regime maintains a foreign policy focused on promoting armed left-wing movements in the region, not only during the Cold War era, but also now, with proven evidence of Cuban agents and military personnel killed by U.S. military action January 2026 in Venezuela, all of whom, called heroes, were received in Cuba by Díaz-Canel, Raúl Castro, and other communist officials.

Although these nations generally do not claim to oppose democracy itself; rather, they oppose a transition they consider imposed by Washington. Something like the case of North Korea, a communist country that calls itself and proclaims itself to be the “Democratic People’s Republic of Korea”.

Mexico, Brazil, and Colombia, acting as lackeys of these communist dictatorships, have consistently advocated for a “Venezuelan-led” democratic transition through dialogue and new elections, instead of intervention by external forces. However, these same countries, after the July 28, 2024 elections, ignored the fact that Nicolás Maduro’s government disregarded the results that gave the victory to Edmundo González, relying on the proclamation of Venezuela’s National Electoral Council (CNE), controlled by Maduro’s regime, which granted Maduro re-election without presenting the detailed vote tallies.

The opposition and various international governments denounced a large fraud, based on the publication of vote tallies that indicated an opposition victory. As loyal communist lackeys, these leaders have criticized U.S. statements about “controlling” Venezuela or its oil resources, viewing them as a rehash of the Monroe Doctrine rather than a genuine push for democracy.

Just as Mexican President Claudia Sheinbaum has denounced misrepresentations of her government, recently highlighting the rejection of false accusations linking previous statements to protests in Los Angeles, they similarly distort what genuine democracy truly is.

Taken from the pages of the Manifesto, “Marx’s one-book plan,” they express skepticism about democratic legitimacy, and we saw proof of this when Brazil and Colombia initially refused to recognize Nicolás Maduro’s electoral victory in 2024 due to fraud but later changed its position. Now they maintain that democracy cannot be restored by “kidnapping” a “sitting president”, which they consider inherently undemocratic.

But these same two countries, in a communist bloc together with Nicaragua and Cuba, consider it a misrepresentation for the democratic opposition to label the popular election in Venezuela as illegitimate resulted in favor of the opposition, but in favor of Nicolás Maduro, arguing that the claim of the opposition this constitutes a further violation of democracy, thus counteracting the opposition’s argument.

All these are communists’ criminals, and as the famous phrase attributed to the Cuban national hero José Martí says: “I lived in the monster and I know its entrails, and my sling is that of David.” Here I am expressing my profound understanding of this criminal communism in the world.

FINALLY: All of these anti-federal government, anti-ICE, anti-immigration agent, anti-Donald J. Trump administration protests, and anti-USA demonstrations involving the burning of American flags, including looting and riots, are all planned and financed by the US Communist Party, including communist politicians on this continent, with millions of dollars in funding from China and Russia, among other countries. This is a reality that many have refused to acknowledge for decades, until now, with Donald J. Trump and the majority of Republican politicians in power.

By Dr. Humphrey Humberto Pacheckere, JD, LLM.

This federal courthouse in the US District Court for the Southern District of New York (SDNY). (Photo by Jefferson Siegel / POOL / AFP) (Photo by JEFFERSON SIEGEL/POOL/AFP via Getty Images)

PUBLIC SAMPLE: This “public sample” refers to a representative subset of documents containing legal analyses and opinions from law professors, which are used in studies to understand public opinion or its characteristics. It is a practical way to obtain information without having to survey the entire population, including authorities, allowing for the voluntary drawing of general conclusions about groups of voters and citizens in reference to this federal case now in NY Court: United States v. Nicolas Maduro, et al:

S4 11 Cr. 205 (AKH)

UNITED STATES DISTRICT COURT SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

UNITED STATES OF AMERICA

Plaintiff,

V.

NICOLAS MADURO MOROS, DIOSDADO CABELLO RONDON, RAMON RODRIGUEZ CHACIN, CILIA ADELA FLORES DE MADURO, NICOLAS ERNESTO MADURO GUERRA, a/k/a “Nicolasito,” a/k/a “The Prince,” and HECTOR RUSTHENFORD GUERRERO FLORES, a/k/a “Nifio Guerrero,”

Defendants.

S4 11 Cr. 205 (AKH)

BRIEF FOR AMICUS CURIAE IN SUPPORT OF PLAINTIFF

________________________________________________________________

BELOW YOU WILL FIND 3 PDF FILES CONTAINING THE FOLLOWING TOPICS:

AMICUS CURIAE BRIEF:

TABLE OF CONTENTS –

TABLE OF AUTHORITIES –

INTEREST OF THE AMICI CURIAE –

STATEMENT OF THE CASE –

STATEMENT OBJETIVE –

INTRODUCTION –

SUMMARY OF ARGUMENT-

CONCLUSION –

LETTER TO JUDGE HONORABLE ALVIN HELLERSTEIN-

MOTION-

CLICK ON EACH OF THESE THREE LINKS TO VIEW DOCUMENTS:

AMICUS CURIAE BRIEF 2

Judge Alvin K. Hellerstein letter

MOTION IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

My opinion on the arguments presented before the U.S. Supreme Court (“SCOTUS”) regarding the Idaho law prohibiting transgender girls from participating in women’s sports and the similar West Virginia law, testing whether such bans violate Title IX or the Equal Protection Clause, is as follows.

I am a law graduate with an LLM degree that includes coursework in Problem Solving and Formal Reasoning with Reverse Logic.

This legal theory is known as backward reasoning or backward chaining. This involves starting with a desired conclusion or outcome and working backward through the premises to find the necessary evidence to support it.

I first used this theory, pro se, in year 2001 in an amicus curiae brief that I submitted to the Florida Supreme Court in a case where the Florida Bar’s Unauthorized Practice of Law Department in Miami was attempting to begin enforcing a new rule no later than September 1, 2002.

Before explaining how my application of reverse logic was successfully applied in this 2001 Florida case, and how it can now be applied to resolve the case currently before SCOTUS concerning sports cases related to Title IX, biological sex, and gender identity, it is necessary to provide this brief overview of the current controversy.

During the January 2025 hearings, the SCOTUS justices, and particularly Justice Samuel Alito, insisted on a clear definition of “sex” in Title IX sports cases, questioning the distinction between biological sex and gender identity, while Justice Brett Kavanaugh highlighted the potential harm to cisgender girls, and Justice Neil Gorsuch focused on Congress’s intent with the Javits Amendment.  The court appeared inclined to uphold the state bans, suggesting that “sex” in Title IX might not broadly encompass transgender status in sports, despite the Bostock precedent.

Now my application of reverse logic was successfully applied in this Florida case in 2001:

In this case, I presented my argument based on an UNCONSTITUTIONAL COMPARISON precedent, the Jackie Robinson and the Old Negro Baseball League case: As part of my arguments, I presented a comparison of equivalence to the old Negro Baseball League, and I quote:

The average skill level in the Negro League was superior to that of the White League, et al.

The required average performance rate, meaning: the average player performed at approximately 70%. That is, my argument was that the grading of the alleged Florida Bar Association licensing exam for paralegals compared to National Standards, [all or none].

Uneven playing field (Disadvantage), meaning: the old Negro League had poor conditions, substandard equipment, poor playing fields and lighting, et al.

The equivalent of the old “whites-only” league. The average skill level in the “whites-only” league did not exceed the average skill level of the Negro League. We, the unregulated petitioners, had no minimum standards regarding education and experience due to the lack of regulation… The required average performance rate, meaning: The average player performed at approximately 55% (That is: The National Standards “should be”).

Uneven playing field (Advantage), meaning: The “whites-only” league had better conditions, better equipment, better playing fields and lighting…

Equivalent to the old Baseball Commissioner and the Commissioner’s Office… They created limitations that prevented Black players from performing within “Equal National Standards.” They created limitations that forced Black players to perform under poor playing conditions when the performance rating to pass was high, meaning: Failing and contrary to “National Standards.”

The Baseball Commissioner was ordered to grant Black players the same rights to perform under “Equal National Standards.” That is, to comply with “National Standards,” a mandatory regulation.

The Commissioner was ordered to equalize the playing fields and conditions for all players, both Black and white; therefore, Jackie Robinson, in my argument, was compared to the idea that unless the entire formal education system for us at that time was a sham, the public must be protected from petitioners providing legal services without regulation, through testing and regulations with “Equal National Standards.”

Black players were entitled to perform according to the White League’s National Standards when they achieved a performance level of 55% or higher. The performance of Black players improved with better playing conditions and equitable playing fields, which elevated baseball to its current high level of performance…

Now, how does this “Jackie Robinson” case and the reverse logic fit into the current case before the Supreme Court concerning Title IX, biological sex, and gender identity in sports?

“Reverse logic” is a multifaceted term that varies depending on the field but generally refers to processes that begin with a goal or final outcome and work backward to determine the causes or inputs.

We start with a desired conclusion or outcome and work backward through the premises to find the necessary evidence to support it. It is used in law to build cases that lead to a specific verdict and in computer science for complex deductions, just as it is used in mathematics for proofs.

Therefore, in my reverse logic, contrary to the case of Jackie Robinson and the Negro Baseball League, the solution here is to create a separate sports league for transgender athletes.

We cannot use the comparison of Title IX of the Education Amendments of 1972 (Title IX), which prohibits discrimination on the basis of sex in educational programs and activities receiving federal financial assistance. The key word is “financial assistance,” which is not applicable to transgender athletes, just as it was not applicable to White people versus Black people in the sport and baseball.

Therefore, the creation of a separate league for transgender athletes is fair and necessary to address concerns about equity in sports competitions and to give a fair and necessary athletic identity to those who identify as transgender people, of course, YES. So the categories will be men, women, and transgender.

The logic that cisgender men and transgender men should compete in the men’s category, and cisgender women and transgender women should compete in the women’s category would create endless controversy, giving rise to the parties and the International Olympic Committee and most sports governing bodies defining a new precedent-setting controversy, requiring men to prove they are men and women to prove they are women. To avoid all this, the best solution is the creation of a separate league for transgender athletes.

Otherwise, not even the Supreme Court of the United States would reach a fair decision for the entire nation and for all genders simply based on the comments and positions of the key judges currently:

Justice Samuel Alito attempted to simplify the matter by asking the lawyers to define “boy,” “girl,” “man,” and “woman,” and questioned whether excluding transgender athletes made cisgender athletes feel “cheated or prejudiced,” insisting on the need for clarity on how sex is defined in federal law.

Justice Brett Kavanaugh expressed concern about the “harm” suffered by cisgender female athletes due to policies that allow transgender participation and also questioned whether the Court should “constitutionalize a rule for the entire country,” suggesting that different states might define sex differently. Justice Neil Gorsuch pointed to the Javits Amendment (1974) and early regulations as establishing a different standard for sports, suggesting that the application of Title IX in the sports context might differ from its application in other areas, such as employment (as in the Bostock case).

Chief Justice John Roberts expressed skepticism about extending the Bostock precedent (which protected gay and transgender individuals from employment discrimination) to sports, suggesting that the issue of “sex” in sports might be different. The liberal wing (Kagan, Sotomayor, Jackson) questioned the states’ arguments, asking how the bans created classifications based on sex rather than gender identity and how they ensured equal opportunities.

Opponents argued that these laws discriminate based on gender identity, not sex, and that biological differences do not always translate into unfair advantages, especially with hormone therapy.

Proponents argued that sex in sports is biological, creating inherent advantages, and that sex-separated sports are essential for equal athletic opportunities for women, referencing the historical reasons for the existence of separate teams. Overall perspective:

Most of the justices appeared inclined to uphold the state bans, indicating that they may not interpret the term “sex” under Title IX as broadly encompassing gender identity in the sports context, differentiating it from employment cases like Bostock.

Written and submitted by: DR. HUMPHREY HUMBERTO PACHECKER. JD. LLM.

Hoy, 10 de diciembre de 2025, estas tres Instituciones académicas del derecho, homologación y  derechos humanos NAFA LAW, UNPAM, y AICACHR Court, por medio de sus directores Licda. Teresita De Jesús Barrera Pachecker, Dr. Humphrey Humberto Pachecker C.,- Oficiales Administrativos y- el Personal- hacemos eco de la forma magistral y honorable que se llevó a cabo la ceremonia del “Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo”, donde la líder opositora venezolana “Sra. María Corina Machado” fue galardonada con el premio de este año “Nobel de la Paz” igualmente estaba presente el presidente electo Sr. Edmundo González. Continuar leyendo este articulo historico=

Sin embargo, debido a las restricciones y preocupaciones de seguridad que le impiden viajar, María Corina Machado no pudo asistir personalmente al evento.

En su lugar, su hija, Ana Corina Sosa Machado, subió al escenario para recibir la medalla y el diploma en nombre de su madre sin antes ofrecer el mensaje discurso de su madre, un discurso para los anales históricos de Venezuela.

En un mensaje leído por su hija en la ceremonia, María Corina Machado dedicó el premio a “todos los venezolanos” y a los “héroes de la libertad” que continúan luchando por la democracia en su país. El premio reconoce su “valiente liderazgo y su inquebrantable lucha” contra el régimen criminal dictatorial en Venezuela. Es casi obligatorio t puede leer el discurso y ver la ceremonia completa del Premio Nobel de la Paz 2025. Nosotros hacemos énfasis en el discurso de aceptación completo en el sitio web oficial del Nobel Prize para conocer sus palabras exactas.

Igualmente, el discurso magistral y honorable mientras el presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, dio un discurso de apertura pidiendo al dictador Maduro aceptar resultados y renunciar.

La lucha de María Corina Machado por la democracia en Venezuela, nosotros con nuestras tres Instituciones- enfatizamos que es digna de encomio y alabanza la lucha de María Corina Machado cual ha estado marcada por varios hitos claves a lo largo de su carrera política, estos por ejemplo son: 

• Fundación de Súmate (2001): Machado inició su activismo social y político fundando la organización Súmate, dedicada a promover la transparencia electoral y la observación cívica. Esta organización lideró la recolección de firmas para el referéndum revocatorio del entonces presidente Hugo Chávez en 2004, lo que le valió persecución política y judicial.
• Enfrentamiento con Hugo Chávez (2012): Como diputada de la Asamblea Nacional (elegida en 2010), Machado se enfrentó públicamente a Hugo Chávez en un debate televisado, denunciando el autoritarismo y la crisis económica del país, un momento que se volvió icónico en la oposición.
• Destitución e inhabilitación (2014-2015): En 2014, fue destituida de su cargo como diputada tras intentar denunciar al régimen ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Posteriormente, fue inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años, una acción vista por muchos como un intento de silenciar su voz y sacarla del panorama político.
• Liderazgo desde la clandestinidad: A pesar de la represión y la inhabilitación, Machado continuó liderando la oposición desde la clandestinidad, convirtiéndose en un símbolo de resistencia.
• Victoria en las primarias opositoras (2023): Ganó las primarias de la oposición con más del 90% de los votos, demostrando un amplio respaldo popular y consolidándose como la líder indiscutible de la alternativa democrática en Venezuela.
• Apoyo a Edmundo González Urrutia (2024): Ante la negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) de permitir su inscripción como candidata presidencial, Machado apoyó la candidatura de Edmundo González Urrutia, quien resultó electo en las elecciones de 2024, aunque el CNE no reconoció los resultados oficiales.
• Reconocimiento internacional (2024-2025): Su lucha ha sido reconocida internacionalmente con premios como el Václav Havel y el Sájarov en 2024, y culminando con el Premio Nobel de la Paz 2025 por su defensa “valiente” de la democracia y los derechos humanos.

Estos eventos han cimentado su papel como una figura central y perseverante en la lucha por la recuperación de la democracia en Venezuela.

Toda persona está invitado a encontrar más información sobre estos momentos clave en la trayectoria política de María Corina Machado en su discurso de aceptación del Premio Nobel disponible en el sitio web oficial del Nobel Prize.

Estimados colegas miembros de NAFA LAW- colegas defensores de la justicia DD. HH., miembros de AICACHR Court, amigos egresados de UNPAM Homologación.

Hoy debemos reflexionar sobre este momento histórico que inclinó profundamente el arco del universo moral hacia la justicia. Este momento en Oslo no fue solo un día, sino la culminación de una lucha incansable, sacrificio y una creencia inquebrantable en la dignidad fundamental de todo ser humano reflejado en la Sra. María Corina Machado.

El acto histórico que celebramos Nobel de la Paz en Oslo fue un triunfo de la voluntad sobre un sistema profundamente arraigado de violaciones de todos los derechos humanos universales, de crímenes, de segregación y discriminación causa de una de las diásporas más grandes en la historia de este Continente Americano.

El legado de María Corina Machado y del presidente electo de Venezuela Edmundo González es un llamado a la acción para todos nosotros en este continente Americano igualmente en el Continente Europeo. Su compromiso con la justicia nos inspira a luchar por la igualdad hasta que “la justicia fluya como las aguas y la rectitud como un impetuoso arroyo”.

Debemos abrazar la fuerza que llevamos dentro para llevar adelante esta obra de acción democrática, de libertad no solo para Venezuela, también para Cuba y Nicaragua, ya sea que el desafío sea la pobreza, la ignorancia y la injusticia en cualquier parte de este Continente y el mundo.

Colegas no olvidemos que la verdadera paz y democracia no es simplemente la ausencia de tensión, sino la presencia de la justicia. VIVA VENEZUELA LIBRE- VIVA CUBA LIBRE- VIVA NICARAGUA LIBRE. 

Mensaje de NAFA LAW- UNPAM  AICACHR Court, Y de sus directores Licda. Teresita De Jesús Barrera Pachecker, Dr. Humphrey Humberto Pachecker, Oficiales Administrativos y el Personal. WWW.NAFALAW.COM

La Corte Penal Internacional (CPI) nos informan que sí investiga a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad y emitió órdenes de arresto contra él y otros altos funcionarios.  Pero preguntamos: ¿Por qué aún no se ha ejecutado la captura?: 

Según CPI esto es debido a que Venezuela no coopera, y no es miembro de la CPI, además existen complejidades políticas y legales, como la protección que el régimen brinda a sus líderes y la falta de mecanismos de coerción internacional para forzar la entrega, aunque la investigación y las órdenes siguen vigentes, como señala la Fiscalía de la CPI.

Nosotros indagamos la conexión que tiene esta falta de acción del CPI ahora peor que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en Caracas, también conocida como (Corte Penal Internacional), cerró sus oficinas en este mes de diciembre de 2025. El cierre fue anunciado por la fiscal adjunta de la CPI, Licda. Mame Mandiaye Niang, alegando la falta de “progreso real” y de “cooperación del gobierno venezolano en las investigaciones nacionales sobre presuntos crímenes de lesa humanidad”.

En nuestra experiencia sabemos que es completamente real que el investigado por crímenes, de hecho, colaboren con la investigación, es una práctica común que una persona investigada y acusada de crímenes coopere con las autoridades en una investigación pero aquí hablamos de un régimen criminal y terrorista encabezado por Nicolas Maduro.

Este tipo de cooperación suele ocurrir por varias razones:

• Acuerdos de culpabilidad (Plea Bargains): Es la razón más frecuente. El investigado (o su abogado) negocia con la fiscalía para ofrecer información valiosa, testificar contra otros implicados (a menudo superiores en la cadena de mando de una organización criminal), o admitir su culpabilidad en ciertos cargos a cambio de beneficios significativos.
• Reducción de condena: Los beneficios pueden incluir la reducción de los cargos, una sentencia de prisión menor, la posibilidad de libertad condicional, o incluso inmunidad total (aunque esto es más raro y generalmente reservado para delitos menores o testigos clave en casos muy importantes).
• Programas de protección de testigos: Si la cooperación pone en peligro la vida del individuo o su familia, pueden ser ingresados en programas de protección de testigos, donde se les proporciona una nueva identidad y ubicación.
• Motivaciones personales: A veces, el investigado puede tener un cambio de conciencia, querer hacer lo correcto, o buscar venganza contra sus antiguos cómplices.

En resumen, en una situación común la cooperación es una herramienta legal fundamental tanto para la fiscalía, que obtiene pruebas cruciales que de otro modo serían difíciles de conseguir, como para el acusado, que busca mitigar las consecuencias legales de sus acciones; pero aquí estamos lidiando con un dictador criminal, terrorista traficante de drogas y sus secuaces del ‘Cartel de Los Soles’ lo cual la posible cooperación es totalmente nula algo que ya ha sido evidente incluyendo la oportunidad de salida libre del poder presentada por la administración del presidente Donald J. Trump.

Además ver: Las 46 principales denuncias presentadas por esta Corte AICACHR y NAFA LAW en una década hasta la fecha.

Puntos Clave:

1. Investigación Activa: La CPI, a través de su fiscal, Karim Khan, ha confirmado que la investigación sobre la situación en Venezuela (crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017) está en curso y que se han emitido órdenes de arresto contra Maduro y otros funcionarios.
2. No es Estado Parte: Venezuela no es un Estado miembro de la CPI (no ha ratificado el Estatuto de Roma) y, por lo tanto, no está obligada a cooperar plenamente ni a ejecutar las órdenes de arresto.
3. Dificultades de Ejecución: La CPI no tiene su propia fuerza policial; depende de la cooperación de los Estados para arrestar a los sospechosos. Como el régimen de Maduro no coopera y protege a sus líderes, la ejecución de la orden es un desafío.
4. Naturaleza de la Orden: La orden de arresto implica una restricción de movimiento: si Maduro viaja a un país miembro de la CPI, podría ser detenido y extraditado.
5. Obstáculos Políticos: Factores como el control del Estado por el gobierno, el apoyo de otros países como Rusia y China, y la inestabilidad geopolítica dificultan la presión para su entrega.

En resumen, la CPI ha actuado legalmente, pero la falta de mecanismos coercitivos directos y la resistencia del gobierno venezolano impiden la captura.

La Corte Penal Internacional (CPI) aún no ha emitido una orden de arresto contra Nicolás Maduro debido a que la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela se encuentra en fase de instrucción y la fiscalía aún no ha solicitado una orden judicial a los jueces. El proceso es complejo y está sujeto a impugnaciones legales y factores geopolíticos.

Entre los factores clave que contribuyen a la demora se incluyen:

Investigación en curso: La Sala de Apelaciones de la CPI no confirmó la autorización para que la fiscalía reanudara la investigación completa sobre la situación hasta marzo de 2024, tras un largo proceso de apelación iniciado por el gobierno venezolano. La fiscalía trabaja activamente en el caso, que se abrió formalmente en noviembre de 2021.

Principio de complementariedad: La CPI se basa en el principio de complementariedad, lo que significa que solo actúa cuando las autoridades nacionales no pueden o no están dispuestas a investigar y enjuiciar genuinamente los crímenes. El gobierno venezolano ha intentado repetidamente demostrar que está llevando a cabo sus propias investigaciones nacionales para detener la investigación de la CPI, un argumento que la Sala de Apelaciones de la CPI finalmente rechazó por insuficiente. Alto umbral legal: Si bien muchos expertos en derechos humanos coinciden en que los presuntos abusos en Venezuela podrían constituir crímenes de lesa humanidad, el impedimento legal para probar estos crímenes en los tribunales y vincularlos a individuos específicos de alto nivel es alto. La investigación se centra específicamente en la cadena de mando, un proceso complejo.

Presión política y voluntad: Organizaciones de derechos humanos y defensores de las víctimas han pedido reiteradamente a la Fiscal de la CPI que tome medidas más contundentes, incluyendo la emisión de órdenes de arresto, lo que pone de relieve la necesidad de ejercer presión política sobre la cúpula de la corte.

Problemas logísticos y de recursos: Existe una brecha cada vez mayor entre la carga de trabajo de la fiscal de la CPI y los recursos disponibles, lo que puede contribuir a un progreso más lento.

Posibles conflictos de intereses: El fiscal de la CPI, Karim Khan, recibió previamente la orden de recusarse de la investigación sobre Venezuela tras las preocupaciones suscitadas por un posible conflicto de intereses que involucraba a su nuera, quien, según se informa, formaba parte del equipo de defensa de Maduro. Mientras el proceso ante la CPI sigue en curso, un tribunal federal de apelaciones de Argentina emitió sus propias órdenes de arresto contra Maduro y varios otros altos funcionarios en septiembre de 2024, amparándose en el principio de jurisdicción universal.

Puede obtener más información sobre la investigación en curso sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela en el sitio web oficial de la CPI o leer el análisis de Human Rights Watch para obtener más contexto.

Podemos explorar las pruebas y los argumentos jurídicos específicos que la CPI está considerando actualmente en este caso. ¿Le sería útil?

La Corte Penal Internacional (CPI) no ha emitido una orden de arresto contra Nicolás Maduro porque el proceso se encuentra en la fase de investigación en curso. La emisión de una orden de arresto es un paso procesal posterior a la investigación y a la recopilación de pruebas suficientes.

• Investigación en curso: La Fiscalía de la CPI abrió formalmente una investigación sobre crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Venezuela desde al menos abril de 2017. Esta investigación fue autorizada para reanudarse por la Sala de Apelaciones de la CPI en marzo de 2024, tras desestimar el recurso de apelación del gobierno venezolano que buscaba suspenderla.
• Principio de Complementariedad: La CPI opera bajo el principio de complementariedad, lo que significa que solo interviene si un Estado miembro no está dispuesto o no puede investigar y enjuiciar genuinamente los crímenes graves a nivel nacional. El gobierno venezolano solicitó a la CPI que aplazara la investigación, argumentando que las autoridades nacionales estaban investigando los hechos. Sin embargo, la Sala de Cuestiones Preliminares y posteriormente la Sala de Apelaciones determinaron que, si bien Venezuela había tomado algunas medidas, sus procedimientos penales internos no reflejaban suficientemente el alcance de la investigación de la Fiscalía de la CPI y no abordaban adecuadamente a los máximos responsables de la cadena de mando.
• Decisión del Fiscal: La decisión de solicitar una orden de arresto recae en última instancia en el fiscal de la CPI, Karim Khan. El fiscal debe determinar si existen motivos razonables para creer que una persona específica es penalmente responsable de crímenes bajo la jurisdicción de la corte y si la emisión de una orden es necesaria para asegurar su comparecencia en el juicio.
• Presión y crítica política: Ha habido presión por parte de víctimas, defensores de derechos humanos y algunos actores internacionales para que la CPI actúe con mayor rapidez y emita órdenes de arresto contra Maduro y otros altos funcionarios. Algunos expertos y activistas han sugerido que el fiscal podría estar siendo influenciado por consideraciones geopolíticas o que el proceso es lento por naturaleza.

La investigación sigue activa, y la posibilidad de una orden de arresto internacional es un tema de debate y expectativa constante entre las víctimas y la comunidad internacional.

Puedes encontrar información detallada sobre el estado actual del caso en la página oficial de la CPI sobre la Situación en la República Bolivariana de Venezuela I.

El principio de complementariedad es un concepto fundamental del Estatuto de Roma y la piedra angular de la relación entre la Corte Penal Internacional (CPI) y los sistemas judiciales nacionales. Establece que la CPI no sustituye a los tribunales nacionales, sino que los complementa.

A continuación se explican sus puntos clave:

• Jurisdicción primaria de los Estados: Los Estados tienen la responsabilidad y el derecho principal de investigar y juzgar los crímenes internacionales graves (como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra) cometidos en su territorio o por sus nacionales.
• La CPI como “último recurso”: La CPI solo puede ejercer su jurisdicción cuando un Estado parte “no está dispuesto o no puede” genuinamente llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento de dichos crímenes. Es, por tanto, un mecanismo de último recurso.
• Criterios de admisibilidad: El Artículo 17 del Estatuto de Roma describe los criterios específicos para determinar si un caso es admisible ante la CPI. Un caso es inadmisible si el Estado en cuestión ya está investigando o enjuiciando el caso, a menos que se demuestre su falta de voluntad o incapacidad.
• Falta de voluntad o incapacidad: La “falta de voluntad” puede implicar que los procedimientos nacionales se retrasan indebidamente, no son imparciales o tienen la intención de “proteger” a los sospechosos de su responsabilidad penal. La “incapacidad” se refiere a un colapso total o sustancial de la administración de justicia nacional, impidiendo que el Estado recopile pruebas o lleve a cabo un juicio.
• Objetivo: Este principio busca fomentar que los propios Estados fortalezcan sus sistemas de justicia y pongan fin a la impunidad a nivel nacional, respetando al mismo tiempo la soberanía estatal.

Nosotros Corte AICACHR su presidente Dr. H. H. Pachecker consideramos que la alternativa en el caso de crímenes de Maduro en Venezuela puede ser el principio de ‘complementariedad’ y la jurisdicción universal, esto es evaluado por la Fiscalía y las Salas de la CPI en cada caso, y es la base de las discusiones sobre la admisibilidad del caso en Venezuela, donde la Corte ha determinado que, a pesar de algunas acciones nacionales, estas no han sido suficientes para desplazar la investigación internacional, pero esto ahora puede cambiar totalmente debido a las fragantes violaciones, criminales, civiles, de derechos humanos y electorales. 

Puedes leer el texto completo del Estatuto de Roma para comprender mejor el marco legal. ¿Te gustaría que profundicemos en cómo se aplica este principio en un caso específico como el de Venezuela o Ucrania? ESTATUTO DE ROMA =: https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Estatuto-de-Roma.pdf

Cuando un Estado es incapaz de juzgar crímenes de guerra, el principio de complementariedad de la Corte Penal Internacional (CPI) permite que esta asuma la jurisdicción del caso.

La “incapacidad” no se refiere a la falta de voluntad política, sino a la falta de un sistema judicial funcional. El Estatuto de Roma define la incapacidad en los siguientes términos:

• Colapso del sistema judicial: La incapacidad existe cuando hay un colapso total o sustancial de la administración de justicia nacional. Esto puede ocurrir debido a conflictos armados, violencia generalizada u otras emergencias nacionales que impidan al Estado llevar a cabo las investigaciones o los juicios necesarios.
• Ausencia de mecanismos: El Estado puede carecer de los mecanismos legales, la infraestructura o el personal necesario para recopilar pruebas y llevar a cabo un juicio genuino.

¿Qué pasa en la práctica?

1. Intervención de la CPI: Si la Fiscalía de la CPI determina que el Estado es genuinamente incapaz de juzgar, la CPI puede declarar el caso admisible. La investigación pasa entonces a manos de la Corte internacional.
2. Activación de la jurisdicción universal: En paralelo a la CPI, los tribunales de otros países pueden invocar el principio de jurisdicción universal para juzgar a los presuntos responsables, independientemente de dónde se cometieron los crímenes o de la nacionalidad del autor o la víctima, siempre y cuando los acusados se encuentren en su territorio.
3. Mandato de la comunidad internacional: La comunidad internacional, a través de organismos como las Naciones Unidas, puede establecer tribunales híbridos o ad hoc (como los de Ruanda o la ex Yugoslavia en su momento) si la situación lo requiere y si la CPI no tiene jurisdicción o capacidad para asumir la totalidad de los casos.

En resumen, la incapacidad de un Estado para ejercer su jurisdicción nacional no implica impunidad. El derecho internacional prevé mecanismos para asegurar que los crímenes más graves no queden sin castigo, siendo la CPI el principal mecanismo permanente para estos fines.

La jurisdicción universal es un principio legal que permite a los tribunales nacionales de un Estado investigar y enjuiciar a personas por crímenes internacionales graves, independientemente de dónde se cometieron los crímenes, la nacionalidad de las víctimas o la nacionalidad del acusado.

El fundamento de este principio es que ciertos delitos son tan atroces que se consideran crímenes contra toda la humanidad (hostes humani generis), y la comunidad internacional en su conjunto tiene interés y, en ocasiones, el deber, de garantizar que los responsables no queden impunes y no encuentren un refugio seguro en ningún Estado.

Límites y desafíos de la jurisdicción universal:

A pesar de su importancia en la lucha contra la impunidad, la jurisdicción universal enfrenta desafíos significativos y tiene límites prácticos y legales:

• Soberanía estatal: El ejercicio de la jurisdicción universal es una excepción a los principios tradicionales del derecho internacional de la soberanía e injerencia en los asuntos internos de otros Estados. Esto genera un debate político y diplomático considerable, ya que algunos países argumentan que su aplicación sin una conexión directa puede ser una violación de la igualdad soberana.
• Requerimiento de presencia del acusado: En la mayoría de los casos prácticos, el Estado que ejerce la jurisdicción universal solo puede iniciar un proceso si el presunto autor del crimen se encuentra físicamente en su territorio (requisito de presencia).
• Obstáculos probatorios: Investigar crímenes cometidos a miles de kilómetros de distancia presenta desafíos logísticos y probatorios “abrumadores”. Obtener pruebas, asegurar la cadena de custodia y proteger a los testigos puede ser extremadamente difícil, lo que complica los juicios en los tribunales nacionales.
• Inmunidades: Las normas sobre inmunidad de los Jefes de Estado y otros altos funcionarios en ejercicio pueden plantear barreras legales a la persecución penal en tribunales nacionales, aunque esto es objeto de debate.
• Voluntad política y recursos: La aplicación de la jurisdicción universal a menudo depende de la voluntad política de un Estado y de si sus sistemas judiciales tienen los recursos y la legislación interna necesarios para manejar casos complejos de derecho penal internacional.
• Selectividad y politización: Ha habido críticas sobre la aplicación selectiva del principio, sugiriendo que podría ser utilizado con fines políticos contra funcionarios de ciertos países, lo que socava su legitimidad.

A pesar de estos límites, la jurisdicción universal sigue siendo una herramienta crucial en el arsenal del derecho internacional para combatir los crímenes más graves, complementando el trabajo de tribunales internacionales como la CPI.

Para profundizar en el marco legal, puedes consultar los Principios de Princeton sobre Jurisdicción Universal en DHpedia

La jurisdicción universal se aplica a los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional en su conjunto. Aunque la lista exacta puede variar ligeramente según la legislación nacional de cada Estado, existe un consenso general en el derecho internacional consuetudinario y en los tratados internacionales sobre los delitos fundamentales que abarca este principio.

Los principales crímenes que se persiguen por jurisdicción universal son:

• Genocidio: Actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
• Crímenes de lesa humanidad: Atrocidades generalizadas o sistemáticas cometidas contra una población civil, como el asesinato, la esclavitud, la desaparición forzada, la tortura o la violación.
• Crímenes de guerra: Infracciones graves de las Convenciones de Ginebra y otras leyes y costumbres aplicables en los conflictos armados, incluyendo el homicidio intencional, la tortura, o la toma de rehenes.
• Tortura: Actos por los cuales se inflige intencionadamente dolor o sufrimientos graves, físicos o mentales, a una persona con fines tales como obtener información o una confesión.
• Trata de esclavos y piratería: Estos fueron algunos de los primeros crímenes reconocidos bajo este principio en el derecho internacional.

Estos crímenes son tan atroces que cualquier Estado tiene el derecho y, a menudo, el deber, de enjuiciar a los responsables, independientemente de dónde se hayan cometido los hechos o de la nacionalidad de los implicados, siempre que el acusado se encuentre en su territorio.

Puedes consultar más información sobre la definición de estos delitos y su persecución en el sitio web de Amnistía Internacional o en las publicaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sobre la materia. Si te interesa, puedo explicarte ejemplos concretos de casos donde se ha aplicado este principio, como el caso Pinochet en España. ¿Quisieras que revisemos cómo se ha usado en la práctica?

Los Principios de Princeton sobre Jurisdicción Universal no forman parte integrante del texto del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), sino que son un conjunto de directrices o principios de derecho internacional que fueron desarrollados por expertos legales en la Universidad de Princeton en 2001 para aclarar la aplicación de la jurisdicción universal, que es un concepto distinto y más amplio que la jurisdicción de la CPI.

El Estatuto de Roma establece la jurisdicción complementaria de la CPI (la Corte solo interviene cuando los Estados no quieren o no pueden investigar y juzgar los crímenes por sí mismos) y no la jurisdicción universal. No obstante, los Principios de Princeton tienen en cuenta el desarrollo del derecho penal internacional, incluyendo el Estatuto de Roma y los crímenes que tipifica (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión).

Los Principios de Princeton sobre Jurisdicción Universal incluyen aspectos clave como:

• Alcance de la Jurisdicción Universal: Afirman que los Estados tienen permitido ejercer jurisdicción universal sobre crímenes graves bajo el derecho internacional, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y la tortura, independientemente del lugar donde se cometieron o la nacionalidad del perpetrador o la víctima.
• Inmunidades: Establecen que el cargo oficial de una persona acusada (sea Jefe de Estado o de Gobierno, u otro cargo) no debe eximirla de responsabilidad penal ni ser motivo de reducción de pena en casos de crímenes graves bajo el derecho internacional.
• Prescripción y Amnistías: Indican que los términos legales de prescripción no deben aplicarse a estos crímenes graves y que las amnistías generalmente son incompatibles con la obligación de los Estados de perseguir judicialmente a los responsables.
• Garantías del Debido Proceso: Enfatizan la necesidad de garantizar un juicio justo y el debido proceso para los acusados bajo jurisdicción universal, respetando las normas internacionales.
• Non bis in idem: Aseguran que una persona no sea sometida a múltiples enjuiciamientos por el mismo acto delictivo si el proceso anterior se llevó a cabo de buena fe y de acuerdo con las normas internacionales.

Para más información, puedes consultar los Principios de Princeton sobre Jurisdicción Universal completos en línea.

• Principios de Princeton sobre Jurisdicción Universal – Texto de los Principios de Princeton sobre la Jurisdicción Universal = http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/princeton.html

VER LAS 46 PRINCIPALES DENUNCIAS PRESENTADAS POR ESTA CORTE AICACHR EN UNA DECADA 2015 – 2025:

1. https://courtaicac-hr.us/es-la-muerte-de-estos-dictadores-criminales-justa-y-necesaria/
2. https://courtaicac-hr.us/analogia-de-tres-tiranos-rusia-cuba-venezuela/
3. https://courtaicac-hr.us/los-peores-de-los-peores-en-materia-de-violaciones-de-derechos-humanos-de-todos-los-tiempos/
4. https://courtaicac-hr.us/peticion-sui-juris-bajo-articulo-51-onu-violaciones-criminales-en-venezuela/
5. https://courtaicac-hr.us/3035-2/
6. https://courtaicac-hr.us/icj-alleged-a-legal-interest-and-or-harm-which-in-this-case-are-insufficient-to-participate-in-the-case-of-alleged-genocide-against-the-state-of-israel-and-its-actions-for-defendi/
7. https://courtaicac-hr.us/2855-2/
8. https://courtaicac-hr.us/2840-2/
9. https://courtaicac-hr.us/court-aicac-hr-y-su-comision-general-de-derechos-humanos-denuncia-la-negligencia-criminal-de-las-autoridades-de-detencion-migratoria-de-mexico-donde-ayer-dia-murieron-al-menos-38-personas/
10. https://courtaicac-hr.us/daniel-ortega-con-su-secuas-murillo-es-un-dictador-criminal-de-america-siguen-las-reglas-del-libro-manual-del-dictador/
11. https://courtaicac-hr.us/denuncia-tortura-psicologica-sistematica-y-amenaza-de-exterminio-a-nacionalidades/
12. https://courtaicac-hr.us/ukraine-commission-on-human-and-peoples-rights-ucrania-comision-de-derechos-humanos-y-de-los-pueblos/
13. https://courtaicac-hr.us/querella-internacional-por-violaciones-individuales-de-derechos-humanos-y-crimenes-de-guerra-cometidos-en-ucrania-por-las-fuerzas-militares-rusas-bajo-la-ordenes-y-el-control-del-presidente-vladimir-v/
14. https://courtaicac-hr.us/what-is-putins-role-in-the-ukraine-war-and-its-consequences-for-russia/
15. https://courtaicac-hr.us/chinas-president-promises-broken-heads-and-bloodshed-to-challengers-including-america-concentration-camps-government-surveillance-secret-police/
16. https://courtaicac-hr.us/denuncia-los-crimenes-que-el-dictador-daniel-ortega-presidente-de-nicaragua-esta-cometiendo-contra-la-prensa-la-poblacion-y-candidatos-politicos/
17. https://courtaicac-hr.us/two-2-petitions-complaints-human-rights-vs-china-re-covid-19-english-espanol/
18. https://courtaicac-hr.us/2106-2/
19. https://courtaicac-hr.us/2091-2/
20. https://courtaicac-hr.us/el-era-javier-ordonez-el-abogado-que-murio-tras-atropello-de-la-policia/
21. https://courtaicac-hr.us/en-materia-de-derechos-humanos-nacionalizaciones-expropiaciones-de-propiedades-en-cuba/
22. https://courtaicac-hr.us/justicia-cuba-investigara-a-miguel-diaz-canel-por-delitos-de-lesa-humanidad-esta-corte-aicac-hr-su-comisionado-de-dd-hh-dr-humberto-h-pachecker-y-la-asociacion-de-abogados-nafa-law-apoya-la-inve/
23. https://courtaicac-hr.us/investigacion-en-referencia-a-la-china-comunista-y-la-propagacion-del-virus-covid-19/
24. https://courtaicac-hr.us/firmen-una-peticion-en-action-network-diciendole-a-inmigracion-y-aduanas-que-le-digan-a-i-c-e-liberen-a-las-familias/
25. https://courtaicac-hr.us/la-muerte-del-ciudadano-george-floyd-un-crimen-a-manos-de-un-agente-de-la-policia-en-minnesota/
26. https://courtaicac-hr.us/the-danger-of-the-resurgence-of-communism-in-bolivia-and-the-return-of-evo-morales-by-year-of-2021/
27. https://courtaicac-hr.us/donde-estan-los-derechos-humanos-de-estas-personas-respetuosas-de-la-ley-en-el-salvador-el-comisionado-general-de-corte-aicac-hr-washington-dc-dr-humphrey-humberto-pachecker/
28. https://courtaicac-hr.us/2032-2/
29. https://courtaicac-hr.us/china-con-su-partido-comunista-es-un-regimen-notorio-por-sus-continuas-violaciones-de-los-derecho-humano-lo-mismo-en-lo-civil-y-en-lo-penal/
30. https://courtaicac-hr.us/how-china-has-waived-its-sovereign-immunity/
31. https://courtaicac-hr.us/to-the-government-of-china-this-will-be-a-human-rights-violations-action/
32. https://courtaicac-hr.us/el-opositor-cubano-jose-daniel-ferrer-detenido-sin-cargos-por-el-terrorismo-de-la-practica-castrista-comunista-en-cuba/
33. https://courtaicac-hr.us/fusilados-por-ordenes-de-fidel-castro-nunca-recibieron-justicia-crimenes-en-venezuela-siguen-impunes/
34. https://courtaicac-hr.us/defensores-de-los-derechos-humanos-en-riesgo-por-las-acusaciones-y-amenazas-de-las-autoridades/
35. https://courtaicac-hr.us/1913-2/
36. https://courtaicac-hr.us/re-regimen-de-castros-cuba-juzgar-a-personas-estas-personas-por-genocidio-crimenes-de-guerra-crimenes-contra-la-humanidad-y-agresion/
37. https://courtaicac-hr.us/1851-2/
38. https://courtaicac-hr.us/respeto-a-nuestro-ejercito-mexicano-no-mas-humillaciones/
39. https://courtaicac-hr.us/our-human-rights-in-the-usa-nuestros-derechos-humanos-en-usa/
40. OEA-IACHR- https://courtaicac-hr.us/2133-2/

41. DENUNCIAS COMPARTIDAS- PRESENTADAS POR: NAFA LAW – CORTE AICACHR – SON:

    Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. 1211 Ginebra 10 (Suiza):

    I]- https://www.nafalaw.com/blog/2014/02/19/human-rights-violations-in-venezuela-and-cuba/

    II]- https://www.nafalaw.com/blog/2017/03/31/1er-simposio-de-analisis-legales-para-el-futuro-de-cuba/

    III]- https://www.nafalaw.com/blog/2018/04/04/where-are-our-human-rights-human-rights-of-the-citizens-of-the-united-states-of-america/

    IV]- https://www.nafalaw.com/blog/2017/12/19/immigration-to-the-united-states-of-america-and-its-implications-on-human-rights-our-human-rights-as-american-citizens-where-they-are-pros-and-cons/

    V]- https://www.nafalaw.com/blog/2019/06/24/your-mission-the-prosecution-of-the-castro-regime-for-crimes-against-humanity/

    VI]- HHP-NAFA VS. FIDEL CASTO & PARTIDO COMUNISTA CUBANO- https://www.nafalaw.com/blog/2018/10/14/2505/