DENUNCIA TORTURA PSICOLOGICA SISTEMATICA Y AMENAZA DE EXTERMINIO A NACIONALIDADES
Directorio de Defensora-es DD HH 2021
El presidente de la Corte AICAC-HR, Comisión General de Derechos Humanos Dr. HUMPHREY HUMBERTO PACHECKER en sesión especial de la Comisión es quien puede celebrar en la fecha y lugar del distrito que la naturaleza del asunto lo requiera, y con la notificación que el tribunal de esta Comision ordene sobre cualquier causa la cual puede ser tratada en una sesión especial que podría ser tratada en una sesión regular. Fechado Noviembre 12, 2022.
Se declara causa probable de un cargo en denuncia internacional – federal de violación de derechos civiles y derechos humanos según documentos judiciales con alegatos de denuncia presentados por el abogado defensor internacional de DD.HH., Dr. Romer Fernando Villarroel Hurtado.
Esta la División de Derechos Humanos y Civiles aceptan presentar esta acusación en el caso- citamos:
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Santa Cruz – Bolivia, noviembre 11 de 2022.
THE AMERICAN INTERNATIONAL COURT OF ARBITRATION AND COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS (AICAC-HR)
PARLAMENTO EUROPEO
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS
CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS
INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA PRENSA
ASOCIACION MUNDIAL DE LA PRENSA
FEDERACION INTERNACIONAL DE PERIODISTAS
En su sede. –
REF.: DENUNCIA TORTURA PSICOLOGICA SISTEMATICA Y AMENAZA DE EXTERMINIO A NACIONALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ EN BOLIVIA-SUDAMERICA, POR EXIGIR SUS DERECHOS FUNDAMENTALES.
Señores:
El 4 de octubre del presente año, escuche con total impotencia noticias reportadas por el canal alemán DW, pero totalmente tergiversadas, por no calificarlas de falsas, pues la presentadora y Tania Frank, indican que debido al ejercicio del derecho a la protesta (que es un derecho fundamental) en la modalidad de paro, los protestantes están provocando escasez de gasolina y alimentos; a lo que agregan que se trata de una pugna de la oposición con el Gobierno, sin embargo esta aseveración es totalmente alejada de la realidad, que transgrede la verdad de la noticia, tal como paso a fundamentar:
- El censo como un derecho fundamental por sí, y como derecho instrumental para exigir otros derechos fundamentales, por tal razón fue declarado prioridad nacional por el Gobierno boliviano.
Damos por entendido que todos los medios de comunicación e información del mundo, incluido DW, conocen que a la luz del constitucionalismo global y boliviano emergente normativamente de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPEEPB), el censo por sí contiene el derecho fundamental a la información pública (artículo (Art.) 21.6 de la CPEEPB), este derecho tiene una particularidad porque trata de que el habitante boliviano, no sólo tenga el derecho a obtener información pública sobre población, educación, vivienda, y otros datos relevantes cada diez años; como según las normas internacionales es aconsejable, esto, con el objetivo principal de programar políticas públicas para la mejora de calidad de vida de cada una de las personas que habitan en un país, considerando el lugar dónde se encuentran.
- Disposición del censo para el 16 de noviembre de 2022, y revocatoria del mismo sin explicación válida por el Gobierno.
En el marco normativo en Bolivia, realizar el censo, es una competencia exclusiva del Gobierno central (Art. 298.I.16 de la CPEEPB). En este marco, cumpliendo aparentemente estas funciones, el Gobierno al mando del Presidente Luis Arce Catacora, sin presión alguna, el 21 de julio de 2021, promulgó el D.S. 4546 que establecía como fecha del censo, el 16 de noviembre de 2022, en cuyo contenido se dan las bases constitucionales, y se declara al censo, como una prioridad nacional, también fija fecha para el 16 de noviembre de este año. Concordante con este acto del Poder Ejecutivo, el 27 de marzo de 2022, el Director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), garantiza el Censo 2022 técnica y financieramente, indicando expresamente que el avance era superior al 90%, pero además que el financiamiento estaba garantizado, así como que la movilización del personal para censar (este dato hasta la fecha de redacción de la presente carta, se encuentra en la página del Viceministerio de Comunicación, cuya dirección se adjunta al pie de página).
En esta misma página, el mismo Viceministerio el 13 de abril de 2022, anoticia que el financiamiento está garantizado y mantiene la misma fecha del censo. El 15 de junio de 2022, según la página web oficial del Senado, se aprueba el crédito FONPLATA para el censo 2022. En la página de la Agencia Bolivia de Información (ABI), el 23 de junio de 2022, se anoticia también que el nuevo Ministro de Planificación, ante su interpelación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), ratifica la realización del Censo en noviembre de este año, señalando expresamente que la boleta censal tenía un avance del 98%, a esa fecha.
El 8 de julio de 2022, el Senado sanciona préstamos del BID por 100 millones de U$ para la realización del Censo 2022 (dato que también está corroborado en la página oficial del INE); pero el 14 del mismo mes y año, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, posterga el censo hasta el mes de mayo o junio del año 2024 mediante Decreto Supremo 4760, en base a una “petición” del Consejo de Autonomías (cuando este Consejo no tiene potestad para pedir ni hacer que la autoridad competente cambie su decisión establecida por norma).
- Ante la quita y negativa de reponer la fecha del censo para el 2022, la población civil, en su potestad soberana decidió protestar bajo la modalidad de paro con corte de carreteras con las limitaciones previstas por ley, dando paso a ambulancias, vehículos con combustible, alimentos, productos de exportación y otros necesarios para la vida y salud de los habitantes, además dejando otras vías para la circulación de quienes no participan del paro.
Ante esta falta de buena fe del Gobierno, el Departamento de Santa Cruz (DSC), al resultar el más perjudicado por la decisión arbitraria de postergación por casi dos años (dado que su población desde el año 2012, ha aumentado entre setecientos mil a un millón de personas), amparándose en el art. 7 y 11.II.1 de la CPEEPB, que permiten ejercer la democracia y la soberanía del pueblo en forma directa a través de cabildos, a través de su entidad cívica denominada Comité Cívico Pro-Santa Cruz (CCPSC), compuesto por más de 300 entidades que lo conforman (las cuales a su vez tienen miembros de la sociedad civil que lo conforman), previa Asamblea, convocó a un Cabildo ciudadano, el cual fue celebrado el 30 de septiembre de 2022,, luego de intensos e infructuosos pedidos, e incluso dos paros de 24 y 48 horas para que el Gobierno acceda a cumplir su palabra empeñada anteriormente, y además se sujete al plazo de los 10 años para realizar censos.
Como podrán verificar en la noticia del medio escrito y digital “El Deber”, el cabildo fue multitudinario; sin embargo, su voz no fue escuchada en los 21 días de espera que dio al Gobierno para que honre el acto administrativo prometido a realizarse el 16 de noviembre de 2022.
Cumplido los 21 días de espera, a inicio del 22 de octubre de 2022, la población asistente al cabildo ingreso voluntariamente a ejercer de forma pacífica su derecho a la protesta en la modalidad de corte de carreteras, respaldándose en el art. 21 numeral en la Constitución en la integración de los Arts. 21 numeral 4, 13, a fin de obtener sus derechos a la información en el tiempo y oportunidad prevista por ley, reconocidos también en el Art. 21 numeral 6, con relación al 24, y prevenir la supresión de los derechos a la salud, a la educación y a tener una vida digna, porque al haberse incrementado considerablemente la población en el DSC, el Gobierno local se ve impedido de aplicar políticas públicas suficientes o cuando menos mínimas para proveerle a sus habitantes salud, educación y en definitiva una vida digna.
El derecho a la protesta, si bien no está previsto tal cual literalmente en nuestra Constitución, está como hemos referido avalado por las normas constitucionales citadas, además por el art. 13 de la misma, que prevé que los derechos proclamados no implica la negación de otros derechos no enunciados, por lo tanto, protestar no es un delito ni un exceso ciudadano, sino un derecho no sólo fundamental en el orden interno boliviano, sino reconocido por instrumentos internacionales, y trabajado enjundiosamente por las cortes y comisiones internacionales, entre ellos la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, existiendo un documento extenso sobre el derecho a la protesta y sus modalidades, denominado “Relatoria Especial Para La Libertad de Expresión”, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH).
Según el informe de la Relatoría, el corte de carreteras es una modalidad totalmente convencional, pues la protesta sólo está sujeta a dos requisitos, que sea pacífica y no se porten armas, y esto hasta la fecha el pueblo cruceño protestante ha cumplido, salvo excepciones que no deslegalizan ni deslegitimizan la protesta multitudinaria en todo el DSC, cuyos protestantes están cumpliendo en todo su alcance y limitaciones el derecho a la protesta, existen vías alternas, se permite el paso de ambulancias, carros basureros, combustibles, artículos de primera necesidad, y en ningún caso.
Deberán entender que el derecho a la protesta en la modalidad de corte de carreteras para reunirse, y expresare, se vaciaría de contenido, si el tránsito fuera normal, porque eso implicaría reprimir y suprimir el derecho a la protesta, para que sólo los que no paran ejerzan sus derechos fundamentales, esto no es así, precisamente la restricción de los derechos que no paran es de responsabilidad del Gobierno, más no así de los protestantes; y más aún, el paro busca también la mejor vida tanto del que no para como del que para, y este es el motivo único del derecho a la protesta que ejercemos.
- La escasez de combustible y de alimentos provocadas por el cerco al DSC, como presión para que la población en paro no proteste y acepte el censo el año 2024.
Ahora bien, terminada esa discusión, la privación de combustible y por lo tanto la puesta en peligro de alimentación e incluso la vida, no ha sido provocada por la población que protesta desde hace 20 días, sino por un cerco provocado por los denominados movimientos sociales afines al Gobierno, que se mantiene en su negativa de oír la demanda de la población prestante. Los dirigentes de estos movimientos (Omar Ramirez), abiertamente, sin filtros ni recato dijeron que desplazarían desde otro Departamento (La Paz) hacía el DSC, un millón de campesinos, para cercar con el fin de que no ingresen alimentos, además de cortarnos los servicios básicos.
El mismo dirigente, también acotó que su objetivo era generar hambruna, pero además agregó que los campesinos que vivían en el DSC, se replieguen a sus lugares de origen (otros Departamentos), porque el cerco sería largo, con lo cual, queda claro que el fin de estos movimientos, es el exterminio de la gente que radica en el DSC.
Otro dirigente que se sumó con sus bases sociales a apoyar el cerco, es el de, la organización social denominada “Ponchos Rojos”. Todos estos movimientos se han constituido en la ciudad del DSC, con el objetivo de cercarlo, logrando su objetivo, pues se introdujeron a la Refinería de la empresa estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), y no permitían la salida de los camiones cisternas, hasta que los vecinos que formaban parte del paro, cansados del cerco y angustiados por la escasez, acudieron y con sus propias manos derrumbaron los altos cercos con tierra llevada por los cercadores, extremo que fue anoticiado por todos los medios de comunicación, en los que claramente se puede leer que no eran los protestantes quienes impedían la salida de combustible de la Refinería estatal, es más, posteriormente corrieron imágenes de que el propio Ministro de Gobierno, era el promotor del cerco, por lo que se está pidiendo su investigación.
El DSC, durante su protesta no sólo ha sido y en parte sigue siendo cercado, en cuanto al pase de productos alimenticios, y combustible, sino alentado para avasallar propiedades privadas, nacionalizar empresas incluidas cooperativas ciudadanas de provisión de servicios públicos, como telefonía, agua potable y electricidad. Todas estas acciones, cuentan con todos los legisladores del partido de Gobierno, al extremo que un legislador ha propuesto un proyecto de ley en ese sentido, plan que ya ejecutó parcialmente por declaraciones de otro dirigente de los movimientos sociales. A esto se suma, que el propio Gobierno suspendió las exportaciones de los productos generados por la empresa privada del DSC, aunque luego lo suspendió.
Sumados a ese trato indigno a los protestantes, se sumó la omisión del Alcalde la ciudad (aliado del Gobierno), que dejó que se cercara el vertedero de residuos (basura), y la ciudad toda se convirtiera en un vertedero inmenso con la consiguiente contaminación ambiental que esto provoca, y todo con el fin de presionar a la población que levante le paro; es más, esta autoridad está siendo cuestionada y con sospecha que provocó un autobloqueo en su afán de colaborar con la presión a los protestantes, dado que a ruego presentó denuncia contra los cercadores, pero luego abandono la misma, pese a la gravedad de los delitos cometidos.
Hoy Santa Cruz, lleva 21 días de paro, y aunque ha asistido a todas las mesas de diálogo, demostrando que el censo se puede realizar el año 2023, cediendo incluso que se realice hasta octubre de 2023, es decir, a un mes de cumplirse un año a lo inicialmente prometido por el Gobierno, y lo que corresponde, el Gobierno no ha cedido en la demanda, que ya tiene apoyo en otros Departamentos, por lo que el pueblo protestante sigue en paro. Son innumerables los atropellos a la dignidad de quienes protestan, han desplazado miles de policías, al DSC, para amedrentar a la ciudadana que protesta en las calles pacíficamente, por esta razón, como boliviano (a) que formo parte de la protesta, pido se me escuche para salvar la humanidad de las nacionalidades que radican en el DSC y de todos sus descendientes, ahora mestizos por migración interna y externa.
El pueblo cruceño (gentilicio de los habitantes del DSC), es abiertamente pacífico, y tiene conciencia normativa y aplica la pedagogía pacífica por excelencia cuando protesta, pero además su inteligencia no le permitiría agredirse así mismo, provocando escasez, privando de los productos básicos y del combustible que asegura el traslado de esos productos básicos.
La función noble de informar por parte de un periodista, es encomiable, pero es inaceptable que una periodista o un canal, tergiverse la verdad. Una entidad que trabaja transmitiendo información en principio no puede ser neutral, mucho menos puede parcializarse para desprestigiar un derecho humano, como es el derecho a la protesta, en este caso, multitudinario. El derecho a la protesta, es un mecanismo que opera como último recurso para los ciudadanos más desprotegidos (no se debe entender este concepto únicamente como carente de recursos, preferencias sexuales minoritarias, colectivo de mujeres, niños u otros), que no tienen la posibilidad de ser oídos para tener otros derechos y asegurarse una vida digna.
Todos los organismos del mundo, vienen siendo alertados de que en Bolivia, se ha constituido desde hace 16 años una dictadura constitucional, bajo aparentes elecciones democráticas, pero esto no responde a la verdad material, los Gobiernos anteriores al presente militantes del partido Movimiento al Socialismo (MAS), viene atormentado y torturando psicológicamente en masa a las naciones originarias del DSC, y a su mestizaje cruceño. Está siendo objeto de crímenes de lesa humanidad por parte del Gobierno, dado que, desde su asunción al poder, ha cometido una serie de crímenes con muertes, ante la mínima posibilidad de protestar en demanda de sus derechos fundamentales.
Los que hoy protestan en las calles, no lo hacen al mando de un político, no lo hacen porque quieren obstaculizar al Gobierno, mucho menos derrocarlo, lo único que buscan es que el Estado a través del Gobierno respete sus derechos, se los restituya como manda la Constitución, ese es su único objetivo, el resto de narrativa tiene por objetivo descalificar la protesta desde el Gobierno.
El 11 de noviembre de 2022, en una arremetida más fuerte y criminal, utilizó a los denominados “gremiales” (personas que tienen su fuente de ingresos de ventas diarias sin tributar), escoltados con los policías para levantar con violencia a los que paramos demandando el censo prometido por el propio Gobierno, como se tiene explicado. Esta marcha escoltada, ha herido a manifestantes pacíficos, la policía ha hecho lo propio tomando un papel activo a favor de los militantes del MAS, y funcionarios de entidades del Gobierno, dejando varios heridos a su paso. La Policía no sólo está sembrando delitos a los manifestantes, para apresarlos luego, sino además ha colaborado con el mismo fin en autoatentados a oficinas de los dirigentes de movimientos sociales, y aunque DW a la hora de informar atribuye nuevamente a los que paran pacíficamente estos hechos, se tienen imágenes incontrovertibles que demuestran la verdad de lo ocurrido. A esto se suma, que en estos 21 días de paro, los periodistas están siendo agredidos físicamente con el fin de que no reporten las agresiones de los militantes del Gobierno boliviano a quienes protestan https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221111/afines-al-mas-agreden-periodistas-marcha-contra-paro-santa-cruz.
En suma, el pueblo cruceño está sufriendo uno de las más certeras intenciones de exterminio por parte del Gobierno que responde y favorece a dos únicas nacionales (aymara y quechua), de las 36 otras naciones con su respetivo mestizaje.
Por estas razones, pido en nombre mío y del pueblo boliviano, radicado en su mayoría en suelo cruceño y sus naciones originarias, se trate este tema y se ponga en agenda para evitar un exterminio masivo que se acelera cada vez más por el Gobierno boliviano.
Atentamente.
MSc. Romer Fernando Villarroel Hurtado
International Human Rights Defender.
