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A continuación se indican pautas estrictas que deben seguir los notarios al ingresar a un centro penitenciario para reunirse con un firmante. El conocimiento y la preparación previos le ahorrarán tiempo y evitarán demoras.
Asegúrese de preguntar si el firmante tiene una identificación aceptable:
Una cosa muy importante que debe tener en cuenta es que los reclusos de los centros penitenciarios generalmente tienen que entregar todas sus formas normales de identificación, como licencias de conducir, cuando son encarcelados. Esto puede ser un problema si se presenta para la certificación notarial y el firmante no puede presentar evidencia satisfactoria de identidad, y los funcionarios de la prisión no siempre permiten alternativas como el uso de testigos de identificación creíbles.
Si le piden que certifique para un firmante en un centro penitenciario, asegúrese de preguntar antes de la certificación notarial si se le permitirá al firmante usar una forma aceptable de identificación. Los firmantes detenidos en un centro penitenciario o en la cárcel pueden no tener acceso a formas comunes de identificación, como una licencia de conducir.
Arizona permite a los notarios aceptar una tarjeta de identificación de recluso emitida por el Departamento de Correcciones de Arizona (ADC) como prueba de identidad para los firmantes bajo custodia del ADC, cualquier forma de identificación de recluso emitida por un alguacil del condado si el firmante está bajo la custodia del alguacil o una tarjeta de identificación de recluso emitida por la Oficina Federal de Prisiones para un prisionero bajo custodia federal.
California permite a los notarios aceptar una tarjeta de identificación de recluso emitida por el Departamento de Correcciones y Rehabilitación del estado para los reclusos bajo custodia en una prisión o una identificación de recluso emitida por el departamento del alguacil para un recluso bajo custodia en un centro de detención local.
Florida permite a los notarios aceptar una tarjeta de identificación de recluso emitida por el Departamento de Justicia de los EE. UU. o la Oficina de Prisiones Federales para un recluso bajo custodia federal o una tarjeta de identificación de recluso emitida después del 1 de enero de 1991 por el Departamento de Correcciones de Florida para un recluso bajo la custodia de ese departamento. Florida también permite que los notarios acepten una declaración jurada por escrito de un agente de la ley como prueba de que el recluso nombrado en el documento es la persona cuya firma se va a certificar.
Si el firmante no tiene acceso a una licencia de conducir u otras formas aceptables de identificación, verifique con anticipación si la instalación permitirá el uso de testigos de identificación creíbles u otro método aceptable de identificación; no todas las instalaciones permiten el uso de guardias o personal como testigos creíbles cuando un recluso necesita certificar una firma.
Recuerde también que algunos estados, como Texas, Illinois y Pensilvania, requieren que el notario conozca personalmente a un testigo creíble. Otros estados, como Montana, permiten que los testigos creíbles conozcan personalmente al notario o proporcionen una prueba de identidad si el testigo creíble no es conocido personalmente por el notario.
Esté preparado para medidas de seguridad adicionales cuando se reúna con el firmante:
Una prisión o cárcel puede restringir los artículos que puede llevar consigo antes de reunirse con el firmante. Por ejemplo, es posible que no se permitan bolsos o carteras cuando se reúna con el firmante, o que la institución inspeccione y apruebe su sello y diario antes de la certificación. Nuevamente, es una buena idea comunicarse con la institución antes de la certificación y preguntar sobre las restricciones sobre los artículos que puede llevar consigo, el código de vestimenta y las reglas de comportamiento para los visitantes, y cualquier otra regla y restricción especial que deberá seguir durante la certificación.
La interacción con el firmante puede estar restringida:
Al realizar la certificación en una cárcel o institución correccional, tenga en cuenta que su acceso e interacción con el firmante puede estar limitado. En los estados que requieren que complete una entrada en el diario, como California, esto puede hacer que obtener la firma o la huella digital del recluso sea más difícil. Por ejemplo, puede haber una ventana transparente u otra barrera entre ustedes. Es posible que no se le permita entregar un bolígrafo o un diario al firmante directamente, pero es posible que se le pida que se los entregue a un guardia que se los entregará al recluso.
Cuando le entregue el diario al recluso para que lo firme, querrá proteger la privacidad de las entradas del diario que no estén relacionadas, así que asegúrese de colocar una cubierta o un protector de privacidad para cubrir las entradas anteriores antes de entregarle el diario al guardia.
Además, tenga en cuenta que toda su interacción con el recluso será vigilada de cerca por uno o más guardias y cada palabra y movimiento que usted diga se grabará en video.
Siga las leyes de notario de su estado:
Puede ser un desafío obtener la certificación notarial de un documento para un firmante recluso. Un cliente puede pedirle que certifique una firma sin la presencia de un firmante encarcelado, o solicitarle que renuncie a los requisitos de identificación normales porque el recluso no tiene acceso a una identificación adecuada. Recuerde siempre que, como notario, tiene la responsabilidad de cumplir con las leyes de notario de su estado. Nunca omita los pasos esenciales para la certificación notarial, como la comparecencia personal o el cumplimiento de las leyes de su estado con respecto a la identificación del firmante.
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Una notaría falsificada conduce a la acusación de una mujer de Missouri por un plan para estafar a Graceland.
En uno de los casos más destacados de intento de fraude inmobiliario y de suplantación de la identidad de un notario, una mujer de Missouri ha sido acusada de un elaborado plan para robar la propiedad de la famosa finca Graceland de Elvis Presley, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Lisa Jeanine Findley, de 53 años, fue acusada en el condado de Shelby, Tennessee, de fraude postal y robo de identidad agravado después de que supuestamente intentara reclamar la icónica propiedad a través de documentos de préstamo falsificados e identidades inventadas, según la acusación. Una notaría altamente cuestionable llevó a un juez de Tennessee a detener los procedimientos de ejecución hipotecaria de Graceland en mayo pasado, lo que dejó el caso totalmente abierto.
Se cree que Findley utilizó una red de falsificaciones en su presunta estafa, incluida una empresa falsa, una pila de documentos fraudulentos, varios alias de personas que no existen, firmas falsificadas (incluida la de la difunta Lisa Marie Presley) y la firma y el sello robados de un notario real de Florida que no tenía nada que ver con el caso.
El fiscal federal Kevin G. Ritz del Distrito Oeste de Tennessee enfatizó la gravedad del caso en una declaración pública, calificando a Graceland de tesoro nacional. “Este acusado supuestamente utilizó un plan descarado para intentar defraudar a la familia Presley de su interés en este hito de singular importancia”, dijo. “Por supuesto, todos los propietarios merecen que su propiedad esté protegida del fraude, y el Departamento de Justicia procesará enérgicamente a cualquiera que cometa delitos financieros o robo de identidad”.
Según la acusación, Findley urdió un plan para afirmar que Lisa Marie Presley, la hija fallecida de Elvis Presley, pidió prestados 3,8 millones de dólares a su empresa, Naussany Investments and Private Lending LLC, y utilizó Graceland como garantía. Las autoridades afirman que la empresa era ficticia y Findley afirmó falsamente que el préstamo de Presley no se pagó, lo que dio lugar a un proceso de ejecución hipotecaria.
Luego, Findley supuestamente falsificó las firmas tanto de Lisa Marie Presley como de un notario de Florida para crear documentos de préstamo fraudulentos que datan de 2018, cinco años antes de la muerte de Lisa Marie Presley en 2023. Findley también utilizó varios alias, incluidos “Lisa Holden” y “Lisa Howell”.
En mayo, un juez de Tennessee bloqueó la venta de ejecución hipotecaria de Graceland después de que la actriz Danielle Riley Keough, hija de Lisa Marie Presley, alegara que todo el caso era fraudulento. El Canciller del Condado de Shelby, JoeDae Jenkins, falló a favor de la familia Presley, afirmando que “el Notario ha jurado que no certificó la firma de Lisa Marie Presley en la escritura de fideicomiso, lo que plantea la cuestión de la autenticidad de la firma y, de hecho, de la escritura de fideicomiso como un fraude”.
Específicamente, sobre la certificación, se afirma que los documentos del préstamo de Presley fueron certificados por la Notaria de Florida Kimberly Philbrick en mayo de 2018. Pero hay dos señales de que la certificación fue potencialmente fraudulenta.
Primero, el lenguaje del certificado dice que los documentos fueron reconocidos ante un Notario “por medio de ( ) presencia física o ( ) certificación en línea”. La certificación en línea remota no fue autorizada en Florida hasta 2020, por lo que es poco probable que los documentos fueran certificados en 2018.
En segundo lugar, Philbrick declaró en una declaración jurada que ella no realizó las certificaciones. “Nunca he conocido a Lisa Marie Presley, ni he notariado un documento firmado por Lisa Marie Presley”, escribió en la declaración jurada. “No sé por qué mi firma aparece en este documento”.
El caso subraya por qué los notarios hoy son más importantes que nunca en su función de autenticar identidades, brindar confianza a las transacciones y prevenir el fraude. También destaca la necesidad de una mayor vigilancia entre los notarios, las industrias y el público para verificar la legitimidad de los actos notariales y garantizar que todas las partes involucradas en las transacciones inmobiliarias estén protegidas contra el fraude.
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Ejemplos de leyes estatales que abordan los conflictos de intereses profesionales.Algunos estados abordan directamente en sus estatutos situaciones inusuales de conflictos de intereses profesionales para los notarios. Aquí hay algunos ejemplos notables. Más información sobre las leyes de conflicto de intereses en otros estados está disponible en la página de Resúmenes de leyes estatales de la NNA. Ver detalles seleccionando el Estado en el cual resides- haz clic aquí:https://www.nationalnotary.org/knowledge-center/news/state-notary-laws
Estado de California:
La ley de California establece que un notario que tenga un interés financiero o beneficioso directo en una transacción no puede realizar ningún acto notarial en relación con esa transacción (GC 8224). El estatuto también establece que un notario tiene un interés financiero o beneficioso directo en una transacción financiera si el notario es nombrado como principal de la transacción y, con respecto a los bienes inmuebles, es nombrado, individualmente, como otorgante, cesionario, deudor hipotecario, acreedor hipotecario, fideicomitente, fiduciario, beneficiario, vendedor, comprador, arrendador o arrendatario, a la transacción.
La ley de California establece una excepción a estas disposiciones para los notarios que también actúan como agentes, empleados, aseguradores, abogados, agentes de custodia o prestamistas en nombre de una persona con un interés financiero o beneficioso en un documento (GC 8224).
Estado de Florida:
Los notarios de Florida no pueden certificar ante notario la firma de un documento si el notario público tiene un interés financiero o es parte de la transacción subyacente. Un notario público de Florida no puede certificar ante notario la firma de un documento si la persona cuya firma debe certificarse es el cónyuge, hijo, hija, madre o padre del notario (FS 117.107[11]). Sin embargo, a los notarios de Florida se les permite oficiar una ceremonia de matrimonio para personas relacionadas por consanguinidad o matrimonio con el notario (Opinión del Fiscal General, 91-70 (1991)).
Los notarios pueden legalizar firmas para su empleador sin ser descalificados, siempre que el notario no reciba otros beneficios que su salario y los honorarios legales de notarización (FS 117.107[12]).
Los notarios de Florida que son abogados pueden certificar ante notario la firma de un cliente siempre y cuando el abogado no tenga ningún interés en el documento más que los honorarios pagados por el cliente por los servicios legales y los honorarios legales del notario (FS 117.107[12]).
Estado de Illinois:
Los notarios de Illinois no pueden certificar ante notario ningún documento en el que se nombre al notario como parte de la transacción (5 ILCS 312/6-104[b] y Manual del notario público estatal). Sin embargo, los notarios pueden certificar ante notario las firmas de sus cónyuges, hijos u otros familiares (Manual del Notario Público).
Estado de Kansas:
Los notarios de Kansas no pueden certificar ante notario si el notario es parte en el registro que se está certificando ante notario o si tiene un interés financiero o beneficioso directo en el registro (KSA 53-5a25[b]). Los notarios también tienen prohibido certificar un registro ante notario si el cónyuge del notario es parte en el registro o tiene un interés financiero o benéfico directo en el registro (KSA 53-5a25[b]).
No se considera que un notario de Kansas tenga un interés financiero o benéfico directo en una transacción cuando el funcionario notarial actúa en calidad de agente, empleado, asegurador, abogado, agente de depósito en garantía o prestamista para una persona que tiene un interés financiero o benéfico directo en la transacción (KSA 53-5a25[d]).
Estado de Maine:
Según el Manual y guía de recursos para notarios públicos de Maine, un notario no debe actuar en ninguna capacidad oficial si existe algún interés que pueda afectar su imparcialidad. Un notario público es una “parte del instrumento” en cualquier transacción si la realización de la transacción beneficiará directamente al notario público, ya sea financieramente o de cualquier otra manera.
Los notarios de Maine tienen prohibido certificar ante notario si el firmante es el cónyuge, pareja de hecho, padre, hermano o hijo del notario, o un suegro o un medio pariente o medio pariente del notario (4 MRSA 1904.3.A). Sin embargo, los notarios de Maine pueden realizar una ceremonia de matrimonio para el padre, hermano, hijo, padre del cónyuge, hermano del cónyuge o hijo del cónyuge del notario” (4 MRSA 1904.3.C).
Maine tiene restricciones de conflicto de intereses de notario al certificar ante notario peticiones de nominación electoral. Los notarios no pueden certificar ante notario ni certificar una petición si el notario fue empleado o remunerado por una organización de petición para cualquier propósito que no sean actos notariales; si el notario presta servicios, recibe compensación por servicios no notariales o ayuda a un comité de cuestiones electorales o cuando el notario actúa como tesorero, funcionario principal, recaudador de fondos principal o tomador de decisiones principal para un comité de cuestiones electorales (21-A MRSA 903 -D.1).
Estado de Minnesota:
Los notarios de Minnesota no pueden certificar ante notario sus propias firmas para un reconocimiento, testimonio de firma o verificación bajo juramento o afirmación (MS 359.085, Subd. 7) o si el notario se beneficiará del documento (Guía de la Comisión de Notarios de la Secretaría de Estado de Minnesota).
Un agente de atención médica o un agente alternativo designado en un documento de poder de atención médica no puede certificar ante notario la firma del principal en la directiva de atención médica que incluye el poder de atención médica que nombra al agente o agente alternativo (MS 145C.03 Subd. 3[ a]).
Un empleado de una organización de atención médica que brinda atención a un paciente puede certificar ante notario la firma del paciente en una directiva de atención médica (MS 145C.03, Subd. 3[b]).
Estatutos de Minnesota 358.54, Subd. 2 establece que un notario no puede realizar un acto notarial respecto de un registro en el que sea parte el cónyuge del funcionario, en el que cualquiera de ellos tenga un interés directo.
Estado de Nebraska:
Un notario público de Nebraska está descalificado realizar una notarización si el Notario es cónyuge, ascendiente, descendiente o hermano del mandante, incluidos parientes políticos, padrastros o medios parientes. Además, un Notario está descalificado si el Notario “tiene un interés financiero o beneficioso en la transacción distinto del recibo de los honorarios notariales ordinarios o es nombrado individualmente como parte de la transacción” (RSN 64-105.01[1] y [2 ]).
La ley estatal permite excepciones a las reglas de intereses descalificantes en las siguientes situaciones:
Estado de Nuevo Mexico:
Los notarios de Nuevo México no pueden certificar ante notario si el notario es parte o tiene un interés financiero o beneficioso directo en el registro, o si el cónyuge o pareja de hecho del notario es parte o tiene un interés financiero o beneficioso directo en el registro (NMSA 14-14A-3.B).
Estado de Ohio:
Los notarios de Ohio no pueden certificar ante notario un documento que hayan firmado ni un documento en el que tengan un conflicto de intereses. “Conflicto de intereses” significa tener un interés financiero directo o de otro tipo en el documento, o ser nombrado, individualmente, o como otorgante, cesionario, deudor hipotecario, acreedor hipotecario, fideicomitente, fiduciario, beneficiario, vendedor, arrendador o arrendatario, o como parte en alguna otra capacidad de la transacción (ORC 147.141[A] y [C]).
La ley de Ohio no prohíbe expresamente que un notario celebre actos notariales para un cónyuge o un miembro de la familia; sin embargo, el Código Revisado de Ohio 147.141 establece que un notario no puede realizar un acto notarial si tiene un conflicto de intereses con respecto a la transacción. Un conflicto de intereses significa que el Notario tiene un interés financiero directo o de otro tipo en la transacción o que el Notario es nombrado parte en alguna capacidad de la transacción. (Preguntas frecuentes, sitio web del Secretario de Estado de Ohio).
Estado de Pensilvania:
Los notarios de Pensilvania no pueden realizar un acto notarial para un documento en el que el notario o su cónyuge tenga un interés directo o pecuniario (57 Pa.C.S. 304[a][1]).
Los notarios no podrán tomar reconocimiento de un poder si el Notario figura como agente en el documento de poder o actúa como testigo de la firma del documento. (20 Pa.CS 5601[b][3]).
Según 57 Pa.C.S. 305(a)(2), un notario no tiene un interés directo o pecuniario en las siguientes circunstancias:
Cuando el Notario es un funcionario, director o empleado de una empresa que es parte en una transacción notariada y certifica ante notario una transacción que involucra a la empresa, a menos que el Notario se beneficie personalmente de la transacción.
Cuando el Notario recibe un honorario, un honorario que no depende de la finalización de la transacción notariada.
Cuando el Notario es accionista de una empresa que cotiza en bolsa y certifica ante notario cuando la empresa es nombrada parte en la transacción notarial.
Estado de Texas:
El sitio web de la Secretaría de Estado de Texas recomienda a los notarios que no certifiquen ante notario si el notario es parte en un documento o se beneficiaría de alguna manera de la transacción. El Código Administrativo de Texas, sin embargo, establece que es “causa” para que el Secretario de Estado rechace una solicitud de comisión, revoque la comisión de un Notario o tome otras medidas disciplinarias contra un Notario cuando el Notario certifica ante notario su propia firma (1 TAC 87.31[ 26). Sin embargo, el estado no tiene una prohibición específica contra la certificación notarial de familiares.
Un Notario no está descalificado para realizar una notarización si el Notario es un empleado de una corporación y toma un reconocimiento o prueba de un documento escrito en el que la corporación del empleado tiene un interés. De manera similar, un notario no está descalificado para certificar documentos corporativos a menos que la corporación tenga 1,000 accionistas o menos y el notario posea más de una décima parte del uno por ciento de las acciones emitidas y en circulación de la corporación (Código de Prácticas y Remedios Civiles 121.002). Los notarios de Texas no están descalificados para ejercer la función notarial únicamente por el hecho de que el notario posea acciones en ciertas instituciones fiduciarias que sean parte interesada en el transacción (Código de Finanzas de Texas 199.002).
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Cuestionario- Conceptos erróneos sobre los honorarios notariales:
Actualizado el 13/11/23. Tanto los notarios como los firmantes a menudo se sienten confundidos acerca de las reglas para cobrar tarifas por una notarización. Responda nuestro cuestionario y vea cuántos conceptos erróneos sobre tarifas puede detectar. Ver detalles completos entrando por este enlace- haz clic aquí: https://www.nationalnotary.org/notary-bulletin/blog/2019/04/quiz-notary-fee-misconceptions?utm_campaign=20231204nnabulletin&utm_medium=email&utm_source=nnabulletin&utm_content=BodyCTAFeeMisconceptionsQuiz&content_type=1&position=3&NNAID=160903912
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Qué buscar al elegir la formación de Notario Agente Firmante:
La capacitación es esencial para una carrera exitosa como agente firmante de notarios, y la educación continua es vital para mantener sus habilidades actualizadas en medio de una industria financiera hipotecaria en constante evolución. Entonces, si está buscando convertirse en un agente notario firmante, asegúrese de obtener la mejor capacitación posible asegurándose de que su programa incluya:
1-Información actualizada de la industria
2- Cobertura integral tanto de las tareas del agente firmante como de los elementos esenciales del notario.
3- Aceptabilidad para empresas que trabajan con Agentes Firmantes. Ver detalles completos entrando por este enlace- haz clic aquí: https://www.nationalnotary.org/notary-bulletin/blog/2015/07/choosing-signing-agent-training?utm_campaign=20231204nnabulletin&utm_medium=email&utm_source=nnabulletin&utm_content=BodyCTALookForNSATraining&content_type=1&position=4&NNAID=160903912
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1-. Diploma con Certificados [verlos al final de esta página] de graduación otorgado por la Comisión General de Derechos Humanos de la Corte AICAC-HR. Grado reconocido a nivel internacional y avalado por la Universidad UNPAM de homologaciones, y por NAFA LAW la Asociación Nacional para Abogados Extranjeros;
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MOA BRIEF AMICUS CURIAE
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Organizational Memoranda and Memorandum of Agreement (MOA) as Amicus Curiae in Support of attorney foreign legal consultants.
To the
Supreme Court- Florida Attorney State Bar Association- state level organizations, and to American Bar Association- A.B.A.
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National Association for Foreign Attorneys (“N.A.F.A. LAW”). Filer of this Memo Amicus Curiae Brief reflecting NAFA’s Members’ written agreement consent opinion presented by Humphrey H. Pachecker- Christopher Martin Waine- Juan Rey Rodriguez in Support of attorney foreign legal consultants.
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IN RE: MOA ON BRIEF AMICUS CURIAE IN SUPPORT OF FOREIGN LEGAL CONSULTANTS ATTORNEYS (“FLC”), ET AL.
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Humphrey H. Pachecker— Christopher Martin Waine — Juan (John) Rey Rodriguez
Professor of Law JD LLM Professor of Law JD Professor of Law JD
Sebring, Florida Madrid, Spain San Juan, Puerto Rico
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Mailing Address:
NAFA PROFESSIONAL ASSOCIATION
3200 US Hwy. 27 South- Wells Fargo Bldg. Suite 302
Sebring, Florida 33870
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ii
QUESTION SUBMITTED:
Whether The Florida Bar, state and federal courts may summarily deny and dismiss the rights of access to a person into the federal practice admission to a federal agency granted by the purview of U.S. Supreme Court’s precedent case Sperry v. Florida, and whether they may deny access to federal practice before federal agencies to official proceedings without determining whether certified foreign legal consultant attorneys FLC are entitled to admission to practice in front of federal agency pursuant to the aforementioned U.S. Supreme Court precedent including the First Amendment public law access.
iii
TABLE OF CONTENTS
iv
TABLE OF AUTHORITIES
Pages
QUESTION PRESENTRED…………………………………………………………1
TABLE OF AUTHORITHIES………………………………………………………..4
IDENTITY AND INTEREST OF AMICUS BRIEF…………………………6
SUMMARY OF ARGUMENT……………………………………………………….8
REASONS FOR THIS AMICUS MEMO ……………………………………….8
NONLAWYER PRACTICE 41 FEDERAL AGENCY……………….9
SUMMARY OF UNLICENSED PRACTICE OF LAW CASES……….12
CONCLUSION …………………………………………………………………………..22
CERTIORARI TO THE SUPREME COURT OF FLORIDA.
Syllabus:
Petitioner is not a lawyer, and has never been admitted to the Bar of any State, but, under regulations issued by the Commissioner of Patents with the approval of the Secretary of Commerce pursuant to 35 U.S.C. § 31, he has been authorized to practice before the United States Patent Office. As part of that practice, he has for many years represented patent applicants, prepared and prosecuted their applications, and advised them in connection with their applications in the State of Florida. The Florida Bar sued in the Supreme Court of Florida to enjoin the performance of these and other specified acts within the State, contending that they constituted unauthorized practice of law.
Held: 1. Florida may not prohibit petitioner from performing within the State tasks which are incident to the preparation and prosecution of patent applications before the Patent Office. Pp. 373 U. S. 381-402.
(a) The determination of the Supreme Court of Florida that the preparation and prosecution of patent applications for others constitutes the practice of law, within the meaning of the law of that State, is not questioned. P. 373 U. S. 383.
(b) Florida has a substantial interest in regulating the practice of law within the State, and, in the absence of federal legislation on the subject, it could validly prohibit nonlawyers from engaging in this circumscribed form of patent practice. P. 373 U. S. 383.
(c) A federal statute, 35 U.S.C. § 31, expressly permits the Commissioner of Patents to authorize practice before the Patent Office by nonlawyers; the Commissioner has explicitly granted such authority; and Florida may not deny to those failing to meet its own qualifications the right to perform acts within the scope of the federal authority. Pp. 373 U. S. 384-385.
(d) There cannot be read into the federal statute and regulations a condition that such practice must not be inconsistent with state law, thus leaving registered patent practitioners with the unqualified right to practice only in the physical presence of the
Page 373 U. S. 380
Patent Office and in the District of Columbia, where that Office is now located. Pp. 373 U. S. 385-387.
III. Field Preemption. In Sperry v. Florida, 373 U.S. 379 (1963), the Supreme Court examined a conflict between federal patent laws and a state law governing the licensure of attorneys. The U.S. Patent Office had licensed a person as a patent agent, but the State of Florida had found this to be unauthorized practice of law. The Supreme Court ruled that federal law preempted state law with regard to the person’s ability to act as a patent agent in Florida. While Congress did not expressly state that it intended federal patent law to preempt state licensure law, the court held that preemption was “necessary and proper to accomplish” the goals of the patent laws.
Field Preemption
Field preemption may occur when federal laws and regulations have so thoroughly covered a particular field that no room remains for the states. The Arizona decision mentioned earlier is an example of express field preemption based on authority expressly granted to Congress by the Constitution. The Supreme Court has also recognized implied field preemption based on the sheer volume of federal regulations.
The Preemption Doctrine
The Supreme Court described the preemption doctrine in Altria Group v. Good, 555 U.S. 70 (2008): “[S]tate laws that conflict with federal law are without effect.” The decision discussed the difference between express and implied preemption, and it identified ways to determine whether Congress intended federal law to preempt state law. The Court also cautioned that, when evaluating evidence of Congressional intent, courts should err on the side of state rather than federal authority.
Express Preemption
When Congress declares that a statute preempts federal law, this is known as “express preemption.” This usually involves a preemption clause in the statute. As mentioned earlier, if a preemption clause is in any way ambiguous, the Supreme Court’s ruling in Altria directs courts to consider the ambiguity in favor of state law. This includes evaluating whether the state law at issue falls within the scope of what Congress intended federal law to preempt.
In Arizona v. United States, 567 U.S. 387 (2012), the Supreme Court held that federal immigration law preempted a state law penalizing undocumented immigrants who worked without authorization. The Immigration Reform and Control Act of 1986 contained an express preemption clause, codified at 8 U.S.C. § 1324(h)(2). The court found that Arizona’s law was “an obstacle to the regulatory system Congress chose.”
TABLE OF AUTHORITHIES:
U.S. Supreme Court- Sperry v. Florida, 373 U.S. 379 (1963).
Sperry v. Florida ex rel. Florida Bar- No. 322- Argued March 25, 1963- Decided May 27, 1963- 373 U.S. 379.
Florida First Amendment. Florida Statute 1004.097.
Altria Group v. Good, 555 U.S. 70 (2008).
Arizona v. United States, 567 U.S. 387 (2012).
The Florida Bar v. Moses, 380 So. 2d 412 (Fla. 1980 precedent).
Article I, § 8, Chapter 8, of the Constitution. P. 373 U.S. 403.
35 U.S.C. § 31
The Florida Bar v. Fuentes, 190 So. 2d 748 (Fla. 1966)
The Florida Bar v. Town, 174 So. 2d 395 (Fla. 1965)].
Falkner v. Blanton, 297 So. 2d 825 (Fla. 1974 precedent)
Szteinbaum v. Kaes Investments Securities, 476 So. 2d 247 (Fla. 3d DCA
The Florida Bar. Rule 5.030, Rules of Probate and Guardianship, Falkner v. Blanton, 297 So. 2d 825 (Fla. 1974 precedent)
The Florida Bar re: Advisory Opinion – Representation of Non-Attorneys in Securities Arbitration, 696 So. 2d 1178 (precedent Fla. 1997).
Johnstown Properties Corp. v. Gabriel, 50 Fla. Supp. 138 (preceded by Polk County Court, Florida, 1980).
New York County Lawyers Association v. Dacey, precedents 287 N.Y.S. 2d 422 (N.Y. 1967); 283 N.Y.S.2d 984 (N.Y. App. 1967).
Vista Designs, Inc. v. Silverman, 774 So. 2d 884 (preceding Fla. 4th DCA 2001).
The Florida Bar v. Matus, 528 So. 2d 895 (Fla. precedent 1988)
The Florida Bar v. Becerra, 661 So. 2d 299 (Fla. precedent 1995)
The Florida Bar v. Lopez, 231 So. 2d 819 (Fla. precedent 1970).
The Florida Bar v. Mills, 410 So. 2d 498 (preceding Fla. 1982).
The Florida Bar v. Brumbaugh, 355 So. 2d 1186 (preceded Fla. 1978).
Calzadilla, 151 B.R. 622 (precedent Bkrtcy. S.D. Fla. 1993). [Equally applicable to foreign attorneys certified as FLCs.]
The Florida Bar v. Keehley, 190 So. 2d 173 (Fla. 1966). [Equally applicable to foreign attorneys certified as FLCs.]
The Florida Bar re Advisory Opinion: Representation of Nonlawyers in Securities Arbitration, 696 So. 2d 1178 (Fla. precedent 1997).
The Florida Bar v. Raymond, James and Associates, Inc., 215 So. 2d 613 (Fla. 1968).
Florida Bar v. Irizarry, 268 So. 2d 377 (Fla. precedent 1972)
Florida Bar v. Hughes, 697 So. 2d 501 (Fla. precedent 1997)
Florida Bar v. Lister, 662 So. 2d 1241 (Fla. precedent 1995)
Florida Bar v. Valdes, 464 So. 2d 1183 (Fla. precedent 1985)
Heilman v. Suburban Coastal Co., 506 So. 2d 1088 (preceded by Fla. 4th DCA 1987).
Decided May 27, 1963- 373 U.S. 379. CERTIORARI TO THE SUPREME COURT OF FLORIDA.
v.
STATUTES
Free of Expression Act, Florida Statutes s. 1004.097.
Article V, Section 1 of the Florida Constitution.
State Law Fla. Stat. § 454.18. The right to appear pro se in a civil case before a federal court is contained in 28 U.S.C. § 1654.
RULES
Rule 10-2.1(a), Rules Regulating the Florida Bar.
Federal law, Title 31 C.F.R. § 10.
Title 37 C.F.R. §§10.1(1), 10.6, and 10.36
Federal law, Title 8 C.F.R. §292
Rule 2.510 Fla.R.Jud.Admin.
Rule 10-2.1(a) 2, R.Reg. Fla.Bar.
8 U.S.C. § 1324(h)(2).
Rules 37.2(a) and 37.3(a).
IDENTITY AND INTERESTS OF THIS MEMO AMICUS CURIAE
Pursuant to the Rule of Admission for Foreign Lawyer Consultants, Chapter 16, approved by the Florida Supreme Court, Rule 16-1.3- ACTIVITIES. (a) Rendering Legal Advice… (A)… [limitations on the practice of the FLC]… except as authorized in any rule of procedure relating to admission pro hac vice, or pursuant to an administrative rule.
The National Association for Foreign Lawyers (NAFA LAW) respectfully submits this amicus curiae brief memo in support of the activities of Certified Foreign Lawyer Consultants (FLCs) in the State of Florida.
For over thirty years, NAFA LAW has promoted and elevated excellence, ethics, and high standards for the responsible and reliable practice of foreign legal consultants in Florida. This Amicus Curiae Memorandum is shared not only by NAFA LAW members, but also by the workers it serves, which demands transparency from its institution.
At NAFA LAW, we believe that as the population and economy continue to expand the horizons of the State of Florida, the need for the services of foreign legal counsel also increases. U.S. domestic investors with foreign commercial projects, as well as international investors from abroad seeking opportunities in the United States, often need, and therefore would benefit from, the convenience of having foreign legal counsel FLC, foreign lawyers, available to advise on questions related to relation of a foreign jurisdiction to the Florida’s legal system and laws. Rather than overlapping or even conflicting, the work of foreign legal FLC counsel complements the work of local lawyers called upon to anticipate the effects of an international transaction negotiated in Florida or involving a Florida party or business.
A local attorney examining a matter from the client’s perspective may not always be prepared to adequately plan for all the legal consequences arising from a transaction to be conducted, whether in whole or in part, in a foreign jurisdiction. This also applies to business owners who have federal investor visa requirements, federal trademark and patent registrations requirements, and other needs.
The need for foreign consulting attorneys FLC is also felt in the litigation arena. Litigation can arise as a natural consequence of the increase in international business, in which Florida plays an increasingly important role in the hemisphere and beyond. Along with the flow of foreign capital into Florida, there is a parallel influx of foreign nationals. Many of these individuals own or come to own property in Florida, including real estate, bank accounts, securities accounts, and other assets.
Pursuant to the Supreme Court Rule: Consent and Motions for Leave to File Amicus Briefs.
No motion for leave to file an amicus memo brief is necessary at the cert or merits stage if the brief reflects that written consent of all parties has been provided. Rules 37.2(a) and 37.3(a).
Many parties provide blanket consent to the filing of all amicus memo briefs, and such consent is typically reflected on the Court’s docket. If blanket consent is provided at the cert stage, it does not apply at the merits stage; a party wishing to consent to the filing of all amicus briefs at the merits stage must file a separate blanket consent. Parties may also provide written consent with respect to individual amicus briefs directly to counsel for the amicus; there is no requirement that the individual written consent be submitted along with the brief, only that the brief note that written consent has been provided by counsel of record for each party. Rules 37.2(a) and 37.3(a). A statement to this effect is typically included in the first footnote of the brief.
If all parties have not provided consent to the filing of an amicus brief, a motion for leave to file the brief must be submitted. The motion must be filed together with the proposed amicus brief as a single document. The motion must indicate the party or parties that have withheld consent and must state the nature of the movant’s interest. Rules 37.2(b) and 37.3(b). The motion must comply with the relevant provisions of Rules 21, 24 and 33.1, and it may not exceed 1,500 words. Rule 37.5.
No motion for leave to file an amicus brief is necessary if the brief is filed on behalf of a federal, state, county, town, or similar governmental entity when submitted on behalf of its authorized legal officer. Rule 37.4.
No motion for leave to file an amicus memo brief is necessary at the cert or merits stage if the brief reflects that written consent of all parties has been provided. Rules 37.2(a) and 37.3(a).
File Amicus Brief in the Supreme Court of Florida. When a party has invoked the discretionary jurisdiction of the supreme court, an amicus curiae may file a notice with the court indicating its intent to seek leave to file an amicus brief on the merits should the court accept jurisdiction. The notice shall state briefly why the case is of interest to the amicus curiae, but shall not contain argument.
This AMICUS CURIAE MEMO does not present any issues raised in a particular case. The specific requirements for these and other aspects of the brief are set forth in Rule 37.5.
SUMMARY OF ARGUMENTS
This Amicus Memo Brief by the NAFA LAW Association requests review of the deeply divided decision of the Florida Bar Chapter 16 FLC contrary to the cited U.S. Supreme Court precedent in Sperry v. Florida, which states that, quote: “Florida may not prohibit petitioners from performing within the State tasks which are incident to the preparation and prosecution of patent applications before the Patent Office.” pp. 373 U.S. 381-402. This cited U.S. Supreme Court precedent favoring the admission rule to federal agencies for foreign legal consultant attorneys FLC.
The long-term effect of this U.S. Supreme Court decision in re SPERRY is that it virtually opens access to federal proceedings before federal judicial administrative agencies, both civil, administrative, and immigration, present and future, without even mentioning the First Amendment or citing this Supreme Court’s SPERRY precedent, which defines the scope of the right of access to foreign FLC consulting attorneys.
I.
REASONS FOR THIS AMICUS MEMO
THE FLORIDA BAR’S ACTIONS EFFECTIVELY PREVENT ACCESS TO FEDERAL PRACTICE, ADMINISTRATIVE RULES, AND PRO HAC VICE ADMISSION OF CERTIFIED FOREIGN CONSULTANT LAWYER “FLC” IN PRESENT AND FUTURE CASES, IN DIRECT CONFLICT WITH THE UNITED STATES SUPREME COURT’S DECISION IN RE. SPERRY V. FLORIDA.
Since 1963, the Florida Supreme Court and the Florida Bar Ethics Committee have held that the U.S. Supreme Court’s Sperry precedent prohibits Florida from allowing persons other than attorneys certified by a federal agency to provide limited legal services to the public in Florida if the federal agency permits and has authorized the person to provide such services, guaranteeing the person the right to assist the public and to promote their legal services, even though they might otherwise be unauthorized practice of law services if these were not authorized by a federal agency- in re to Sperry v. Florida.
Once the persona is certified and authorized by such federal agency, he she becomes authorized legal services provider. This Sperry precedent provides a pathway for non-lawyers and certified foreign FLC lawyers to satisfy their rights by applying to federal agencies for admission observing the federal agency’s admission rules and the Florida Bar’s rule on admission for foreign consulting lawyers under Chapter 16-1.3 (A) Activities.
Pursuant to Sperry precedent this is the basis for the presumption of transparency in all federal administrative practice admission rules and the practice and opportunities available to FLC foreign consulting lawyers under the Florida Bar’s Chapter 16 rules on admission for foreign law consultants and the Chapter 17 rule on in house counsel.
This Sperry precedent provides a path that allows non-lawyers, as well as certified foreign lawyers, to satisfy their rights by applying for admission to federal agencies by observing the federal agency’s admission rules and the Florida Bar’s admission rule for foreign consulting attorneys. This is the basis for the presumption of transparency in all federal administrative practice admission rules, as well as the practice and opportunities available to FLC foreign consulting attorneys under the Florida Bar’s Chapter 16 admission rules for foreign law consultants, and the Chapter 17 rule for in-house counsel.
By failing to apply the precedent Sperry v. Florida ex rel. Florida Bar – No. 322-1963-373 U.S. 379, a person non lawyer likewise for FLC foreign legal consultant person, The Florida Bar may be ignoring this precedent decisions of the Supreme Court of the United States and sixty-two years of jurisprudence from the Supreme Court of the nation as well as from lower courts, which recognize the fundamental role that the right of access that all such FLC foreign legal consultant must have in Florida plays in the operation and legitimacy of The Florida Bar’s Chapter 16 admission rule. This substantial discrepancy from precedent and established law governing an important federal constitutional right warrants its review.
When a foreign law consultant attorney (FLC), once certified and authorized by the Supreme Court of Florida and certified by The Florida Bar, should not be sanctioned for the unauthorized practice of law (UPL) if this attorney is providing services within the scope authorized by the PRO HAC VICE-CHAPTER 16-1.3 admission, also the administrative admission rule under a federal agency that certified the foreign FLC attorney, including:
II.
OTHER PERSONS NONLAWYERS and PROFESSIONALS WHO HAVE ACCESS TO APPLY FOR AUTHORIZATION TO PRACTICE IN 41 FEDERAL AGENCIES. This Amicus Curiae Brief requests review of the fact that all of these federal agencies permit non-lawyers to practice federal administrative law- These are the following.
1-. USCIS–IMMIGRATION AND NATURALIZATION SERVICE [8 CFR 292.1-3]
2-.Patent & Trademark Office [35 U.S.C. § 31-33].
3-.Comptroller of the Currency [12 CFR 19.3].
4-.Department of Labor. EEOC.Title VII of the Civil Rights Act of 1964 (Title VII).
5-.Employees Compensation Appeals Board [20 CFR 501.11].
6-.Civil Aeronautics Board [14 CFR 300.1-6, 302.11].
7-.Financial Assistance and Services Program [25 CFR 20].
8-.Consumer Product Safety Commission [16 CFR1025.61, et seq.].
9-.Department of Commerce – Marketing Service [7 CFR 50.27].
10-.Office of Secretary – Administrative Personnel [5 CFR Part 1201].
11-.Department of Health and Human Services – Titles VI and XVI of the Public Health Service Act (42 USC §§ 291).
12-.Food and Drug Administration [32 CFR 12.40, 12.45].
13-.Public Health (Medicare, Part B) [42 CFR 405].
14-.Welfare (Medicare, Aid to Families w/Dependent Children and Families [45 CFR 205].
15-.Department of Justice. https://www.justice.gov/
16-.Drug Enforcement Administration [21 CFR 1316.50].
17-.Department of Agriculture & Food Stamps [7 CFR 273].
18-.Benefits Review Board [20 CFR 802.201(b), 802.202].
19-.Employees Compensation Appeals Board [20 CFR 501.11].
20-.National Railroad Adjustment Board* [45 U.S.C. 3153] Only entities identified in 45 U.S.C. § 151 are allowed to practice. Almost 100% of non-lawyer representation is by industry employees.
21-.Wage and Appeals Board [20 CFR 725.362(a), 725.365, 725.366(b)].
22-.Department of Transportation. https://www.transportation.gov/regulations/guidance
23-.Maritime Administration* [46 CFR 201.21]. Only registered non-lawyers are permitted to practice.
24-.Department of Veterans Affairs. *https://www.va.gov/ogc/
25-.Veterans Administration [38 CFR 14].
26-.Federal Deposit Insurance Corporation* [12 CFR 308.04]– Only qualified non-lawyers are permitted to represent.
27-.Federal Energy Regulatory Commission [18 CFR 385.2101].
28-.Federal Maritime Administration* [46 CFR 502.22]. Only registered non- lawyers are permitted to appear. Certificates of registration are issued on payment of processing fee and completion of application form indicating sufficient educational qualifications and recommendations. There is no testing or formal licensing.
29-.Federal Mine Safety & Health Review Commission* [29 CFR 2700.3(b)]. Appearances are made at trial hearings before administrative law judges and at appellate reviews before commissioners. A non-lawyer may practice only if the non-lawyer is a party, a representative of miners as described in 30 CFR§ 10.1(b), or the owner, partner, full time [sic]officer or employee of the party-business entity; otherwise a non-lawyer is permitted to appear for limited purpose in special proceedings.
30-.General Accounting Office* [31 U.S.C. 731-732; 4 CFR 11, 28; GAO Orders 2713.2, 2752.1 and 2777.1]– Permitted in adverse actions, grievance proceedings and discrimination complaints.
31-.Internal Revenue Service* [13 CFR Part 10; 31 U.S.C. 330] – Non-lawyers must become enrolled agents by passing a character and fitness review and successfully completing a special enrollment examination testing on federal taxation and related matters. A non-lawyer may also qualify based on former employment with the IRS, provided such duties qualify the individual.
32-.Interstate Commerce Commission* [49 CFR 103].Only registered non-lawyers are permitted to practice. To register, applicant must (1) meet educational and experience requirements, (2) undergo character and fitness review, (3) pass exam administered by the agency testing knowledge in the field of transportation, and (4) take an oath. See 49 CFR§ 1103.3.
33-.National Credit Union Administration [12 CFR 747].
34-.National Mediation Board [agency governed by 29 CFR 1200].
35 [et al]-.National Transportation Safety Board* [49 CFR 821, 831, 845].
36-.Occupational Safety and Health Review Commission [29 CFR 2200.22].
37-.Small Business Administration [13 CFR 121.11, 134.16].
38-.Social Security Administration [42 U.S.C. 406(a); 29 CFR].
39-.Supplemental Security Income (SSI) [20 CFR416, subpart O].
4-.U.S. Customs Service [no statute or regulation].
40-.U.S.Environmental Protection Agency [40 CFR 124, 164.30,22.10].
41-.Bureau of Indian Affairs [Act (108 Stat. 4791, 4792].
Nonlawyer Assistance and Representation: A substantial number of individuals involved in Federal “mass justice”1 agency proceedings need and desire assistance2 in filling out forms, filing claims, and appearing in agency proceedings, but are unable to afford assistance or representation by lawyers. A lack of assistance or representation reduces the probability that an individual will obtain favorable results in dealing with an agency.
Further, unassisted individuals are more likely than those who are assisted to cause a loss of agency efficiency by requiring more time, effort, and help from the agency.
Federal agencies… This recommendation does not deal with whether government aid may be needed for persons who cannot afford any form of assistance. This recommendation focuses on the potential for increasing the availability of assistance by nonlawyers. Federal agency experience and statistics indicate that qualified persons who are not lawyers generally are capable of providing effective assistance to individuals in mass justice agency proceedings… https://www.acus.gov/document/nonlawyer-assistance-and-representation
SUMMARY OF UNLICENSED PRACTICE OF LAW CASES:
To determine whether an activity constitutes the unlicensed practice of law, a two-part analysis must be performed. First, it must be determined whether the activity is the practice of law.
The second question is whether the practice is authorized. If an activity is the practice of law but the activity is authorized, then the activity is not the unlicensed practice of law and may be engaged in by a non-attorney. The Florida Bar v. Moses, 380 So. 2d 412 (Fla. 1980 precedent).
The first question to address in determining whether a service or activity constitutes the unlicensed practice of law is whether the activity constitutes the practice of law. In The Florida Bar v. Sperry, 140 So. 2d 587, 591 (Fla. 1962 precedent), 373 U.S. 379 (1963), the Florida State Court judge determined that establishing a broad definition of the practice of law was “well-nigh impossible” and instead developed the following test to determine whether an activity is the practice of law:
“. . .if the giving of advice and the provision of services affect important rights of a person under the law, and if the reasonable protection of the rights and property of those receiving the advice and services requires that the persons giving such advice possess legal skill and a knowledge of the law greater than that possessed by the average citizen, then the giving of such advice and the provision of such services by one person to another as a course of conduct constitute the practice of law.”
In applying this test, it should be kept in mind that “the most important concern in the Court’s definition and regulation of the practice of law is the protection of the public from incompetent, unethical, or irresponsible representation.” The Florida Bar v. Moses, 380 So. 2d 412, 417 (Fla. precedent 1980).
Although there is no codified definition, there is a significant body of case law that applies the Sperry test to determine whether a specific activity constitutes the unlicensed practice of law.
Additional separate note: In Sperry v. Florida, 373 U.S. 379 (appellate precedent 1963) Sperry v. Florida ex rel. Florida Bar.
The Supreme Court held:
(a) The Florida Supreme Court’s determination that the preparation and prosecution of patent applications for others constitutes the practice of law, within the meaning of that State’s law, is unchallenged. 373 U.S. 383.
(b) Florida has a substantial interest in regulating the practice of law within the State and, in the absence of federal legislation on the subject, could validly prohibit non-lawyers from engaging in this restricted form of law practice. 373 U.S. 383.
(c) A federal statute, 35 U.S.C. § 31, expressly permits the Commissioner of Patents to authorize non-lawyers to practice before the Patent Office; the Commissioner has explicitly granted such authority; and Florida cannot deny those who fail to meet its own qualifications the right to perform acts within the scope of federal authority. 373 U.S. 384-385.
(d) A condition that such practice must not be inconsistent with state law cannot be read into the federal statute and regulations, thus leaving registered patent practitioners with the unconditional right to practice only in the physical presence of the Patent Office and in the District of Columbia, where that Office is currently located. pp. 373 U.S. 385-387.
(e) The legislative history of the act and its prior provisions shows that Congress recognized that registration with the Patent Office confers a right to practice before that Office, regardless of whether the state within which the practice is carried on would otherwise prohibit such conduct. pp. 373 U.S. 387-402.
(f) Since patent practitioners are authorized to practice only before the Patent Office, the state retains control over the practice of law within its borders, except to the limited extent necessary to achieve federal objectives. Page 373 U.S. 402.
(a) In establishing the Patent Office and authorizing competent persons to assist in the preparation of patent applications, Congress has not exceeded the limits of what is “necessary and proper” for the operation of the patent system established in Article I, § 8, Chapter 8, of the Constitution. P. 373 U.S. 403.
(b) Having acted within the scope of the powers “delegated to the United States by the Constitution,” Congress has not exceeded the limits of the Tenth Amendment, notwithstanding the concurrent effects of its legislation on a matter otherwise within the control of the State. P. 373 U.S. 403.
(c) In view of the standards prescribed in 35 U.S.C. § 31 to guide the Patent Office in its admissions policy, Congress cannot be said to have improperly delegated its powers to the administrative agency. Pp. 373 U.S. 403-404. https://supreme.justia.com/cases/federal/us/373/379/ [this U.S. Supreme Court decision applies to all federal agencies] to the limited extent necessary to achieve federal objectives. Page 373 U.S. 402.
(a) In establishing the Patent Office and authorizing competent persons to assist in the preparation of patent applications, Congress has not exceeded the limits of what is “necessary and proper” for the operation of the patent system established in Article I, § 8, Chapter 8, of the Constitution. P. 373 U.S. 403.
(b) Having acted within the scope of the powers “delegated to the United States by the Constitution,” Congress has not exceeded the limits of the Tenth Amendment, notwithstanding the concurrent effects of its legislation on a matter otherwise within the control of the State. P. 373 U.S. 403.
(c) In view of the standards prescribed in 35 U.S.C. § 31 to guide the Patent Office in its admissions policy, Congress cannot be said to have improperly delegated its powers to the administrative agency. Pp. 373 U.S. 403-404. https://supreme.justia.com/cases/federal/us/373/379/ [this U.S. Supreme Court decision applies to all federal agencies].
Therefore, although one cannot turn to a specific source, such as a dictionary, for a definition, in most cases, one can find out in case law whether an activity constitutes the unlicensed practice of law.
Once it is determined whether an activity is the practice of law, one must determine whether the court or other body has authorized a non-lawyer (and/or foreign attorney and paralegal) to engage in the activity.
An activity may be authorized by a judicial rule, case law, an administrative rule, or a federal rule or statute.
The following is a summary of what has been held to constitute the unlicensed practice of law in various circumstances. The activities that are authorized are also indicated. This is only a partial list of unlicensed and/or authorized practice cases. There are over 230 unlicensed practice cases/opinions reported in Florida.)
III.
Generally, it is an unlicensed legal practice for a certified public accountant, whether or not a CPA, to draft corporate documents. Although the accountant cannot draft the documents, he or she may sell the forms necessary to establish a corporation and complete them with information provided in writing by the individual. [Precedent: The Florida Bar v. Fuentes, 190 So. 2d 748 (Fla. 1966); The Florida Bar v. Town, 174 So. 2d 395 (Fla. 1965)]. The general rule and exception apply to all non-attorneys.
A CPA may represent individuals before the IRS in tax matters. This practice is specifically authorized by federal law 26 C.F.R. § 601.502 and 31 C.F.R. Part 10. Because the activity is authorized by a federal rule, Florida cannot prohibit the activity as an unlicensed legal practice. The Florida Bar v. Sperry, 363 U.S. 379 (1963 precedent).
IV.
In The Florida Bar v. Moses, 380 So. 2d 412 (1980 Fla. precedent), the Florida Supreme Court held that the legislature is constitutionally authorized to relieve the Court of its responsibility to protect the public from the unauthorized practice of law in administrative proceedings under Article V, Section 1 of the Florida Constitution, and when it does so, any conduct of “the practice of law” becomes, in effect, authorized representation. In other words, the legislature may authorize the representation of non-lawyers [foreign attorneys and paralegals] in administrative proceedings.
The activity remains the practice of law; it is merely authorized. However, to do so, the agency must have a duly promulgated rule, and the non-attorney must follow the rule’s dictates. The warrant is not a general authority to appear in any proceeding, but must be requested on a case-by-case and agency-by-agency basis.
V.
The general rule [state and federal] is that a person may appear pro se and represent themselves in court. State Law Fla. Stat. § 454.18. The right to appear pro se in a civil case before a federal court is contained in 28 U.S.C. § 1654.
This general rule does not apply to probate proceedings or corporations.
In a probate or estate proceeding, unless the person seeking to appear pro se is the only party with an interest in the matter, the person must be represented by a member of The Florida Bar. Rule 5.030, Rules of Probate and Guardianship, Falkner v. Blanton, 297 So. 2d 825 (Fla. 1974 precedent). A corporation, as a fictitious entity, cannot appear pro se. Szteinbaum v. Kaes Investments Securities, 476 So. 2d 247 (Fla. 3d DCA precedent 1985).
The general rule of state law that a corporation cannot appear pro se does not apply to small claims court, as Rule 7.050 of the Small Claims Rules specifically allows a corporation to appear pro se. However, there is an exception for evictions. In those cases, a corporation cannot appear pro se and must be represented by counsel. Johnstown Properties Corp. v. Gabriel, 50 Fla. Supp. 138 (preceded by Polk County Court, Florida, 1980).
VI.
Generally speaking, a person FLC must be a member of the Florida Bar to represent someone in federal court pursuant to Admission Pro Hac Vice and supposedly it should be the same pursuant to precedent Sperry once a federal agency has certify this person FLC .
In the area of federal administrative practice, if there is a rule or regulation that allows an attorney admitted in another state [and foreign attorneys FLC] or a non-attorney to appear before the agency, Florida cannot prohibit the practice of the law without a license;
This is the case in The Florida Bar v. Sperry, 373 U.S. 379 (precedent 1963). The activity is still the practice of law; it is simply authorized.
Whether the activity is permitted and the extent to which the person may appear and/or practice will be governed by the rules of that particular federal agency. However, if the agency does not have a rule permitting any representation, then it would constitute the unlicensed practice of law. The Florida Bar re: Advisory Opinion – Representation of Non-Attorneys in Securities Arbitration, 696 So. 2d 1178 (precedent Fla. 1997).
https://www.flcourts.gov/content/download/218046/file/Summary-UPL-Cases.pdf
VII.
An attorney licensed to practice law in a state other than Florida [and/or another foreign jurisdiction outside the U.S.] may work in Florida as a licensed in-house counsel for a corporation if the attorney registers pursuant to Chapter 17 of the Rules Governing The Florida Bar. The activities that a licensed in-house counsel may perform are limited and do not include appearing in court [unless they seek admission pro hac vice].
VIII.
An attorney admitted to practice law in a state other than Florida [and a certified foreign attorney] may not practice general law in Florida or establish a law practice in Florida. An attorney licensed to practice law in a state other than Florida may establish an interstate practice in Florida only if the attorney follows the guidelines of The Florida Bar v. Savitt, 363 So. 2d 559 (Fla. 1978).
An attorney admitted to practice law in a state other than Florida (and a certified foreign FLC attorney) may not appear in a Florida court as a representative of a party unless he or she first seeks permission to appear pro hac vice pursuant to Rule 2.510 of the Florida Rules of Judicial Administration. (It should be noted that this rule does not permit an out-of-state attorney who is a resident of Florida to appear pro hac vice.) Rule 4-5.5 of the Rules Regulating The Florida Bar describes the legal services that an out-of-state attorney may provide in Florida on a temporary basis, even if he or she is a certified foreign FLC attorney.
IX.
Generally speaking, a non-lawyer may sell forms and kits and complete them with information provided in writing by the client. Florida Bar v. Brumbaugh, 355 So. 2d 1186 (Fla. 1978 precedent). If the non-lawyer (paralegal and/or foreign attorney) is using a Supreme Court-approved form, they may engage in limited oral communication to obtain the factual information contained in the blank spaces on the form. Rule 10-2.1(a), Rules Regulating the Florida Bar.
Generally speaking, it does not constitute the unlicensed practice of law for a non-lawyer to sell a book containing general legal information. New York County Lawyers Association v. Dacey, precedents 287 N.Y.S. 2d 422 (N.Y. 1967); 283 N.Y.S.2d 984 (N.Y. App. 1967). The book may also contain legal forms.
X.
Federal law, Title 31 C.F.R. § 10, allows attorneys admitted in any state, FLC-certified foreign attorneys, and certain non-attorneys to represent individuals before the IRS. Similar regulations exist for the Tax Court.
The activity is the practice of law; it is merely authorized by federal regulation. Therefore, under the rulings of The Florida Bar v. Sperry, 373 U.S. 379 (preceded 1963), Florida cannot prohibit the activity as the unauthorized practice of law.
Federal regulations also permit non-attorneys to prepare federal income tax returns for individuals.
Arguably, this activity is also the practice of law and is merely authorized.
XI.
Under federal law, Title 37 C.F.R. §§10.1(1), 10.6, and 10.36 permit an attorney admitted in another state or a registered patent agent [and a foreign attorney registered by this federal agency] to prepare and file patent applications with the Patent and Trademark Office. This activity is the practice of law; it is simply authorized by federal regulation.
Therefore, under the rulings of The Florida Bar v. Sperry, 373 U.S. 379 (1963), Florida cannot prohibit the activity as the unlicensed practice of law. However, the authorization granted by federal regulations does not extend to actions in state courts. Vista Designs, Inc. v. Silverman, 774 So. 2d 884 (preceding Fla. 4th DCA 2001).
XII.
Title 31 C.F.R. § 10 allows attorneys admitted in any state and some non-attorneys to represent individuals before the IRS. Similar regulations exist for the Tax Court. The activity is the practice of law; it is merely authorized by federal regulation. Therefore, under the dictates of The Florida Bar v. Sperry, 373 U.S. 379 (1963), Florida cannot prohibit the activity as the unlicensed practice of law.
Federal regulations also permit non-attorneys to prepare federal income tax returns for individuals.
Arguably, this activity is also the practice of law and is merely authorized.
XIII.
Federal law, Title 8 C.F.R. §292, permits an attorney admitted in another state [and a certified and registered foreign attorney] to represent individuals before the INS [USCIS]. This permission does not extend to federal district court. The activity is the practice of law; it is authorized only by federal regulation. Therefore, under the rulings of The Florida Bar v. Sperry, 373 U.S. 379 (1963), Florida cannot prohibit the activity as the unauthorized practice of law.
This authorization generally does not extend to non-attorneys. (There are some very limited circumstances in which a non-attorney may represent someone before the INS [USCIS], such as in a one-time case without a fee.) Therefore, representing another non-attorney in an immigration matter constitutes the unauthorized practice of law. The Florida Bar v. Matus, 528 So. 2d 895 (Fla. precedent 1988); The Florida Bar v. Becerra, 661 So. 2d 299 (Fla. precedent 1995); The Florida Bar v. Lopez, 231 So. 2d 819 (Fla. precedent 1970).
XIV.
Generally speaking, a non-lawyer may not represent another person in court. An out-of-state lawyer (and FLC-certified foreign lawyer) who wishes to represent someone in a Florida court must apply for leave to appear pro hac vice in order to do so. Rule 2.510 Fla.R.Jud.Admin.
A non-lawyer may represent another person in an administrative proceeding if the agency has a duly promulgated rule permitting the activity. The Florida Bar v. Moses, 380 So. 2d 412 (Fla. precedent 1980). In a related note, the Supreme Court has held that it constitutes the unlicensed practice of law for a non-lawyer to represent a person in a securities arbitration matter.
The Florida Bar re Advisory Opinion: Representation of Nonlawyers in Securities Arbitration, 696 So. 2d 1178 (Fla. precedent 1997).
XV.
There are several U.S. Supreme Court constitutional cases that address the issue of legal assistance for inmates. From the perspective of unlicensed legal practice, the Code of Federal Regulations and the Florida Administrative Code allow limited assistance from non-attorneys in parole and probation matters. However, a non-attorney cannot provide legal advice to an inmate, draft pleadings for the inmate, or represent them in court. The Florida Bar v. Mills, 410 So. 2d 498 (preceding Fla. 1982).
XVI.
Generally speaking, a non-attorney may sell forms, fill them out, and complete them with information provided in writing by the individual.
The Florida Bar v. Brumbaugh, 355 So. 2d 1186 (preceded Fla. 1978).
If the non-lawyer uses a form approved by the Florida Supreme Court, they may engage in limited oral communication to obtain the factual information contained in the form’s blank spaces. Rule 10-2.1(a), R.Reg. Fla.Bar.
The non-lawyer may not make any changes to the form nor may they provide advice on possible courses of action. If the non-lawyer uses a form not approved by the Florida Supreme Court, they may only type the form’s blank spaces with information obtained in writing from the non-lawyer. This general rule has been applied in various circumstances, including the following:
XVII.
Non-lawyers may only draft bankruptcy forms from information provided by the non-lawyer in writing; they may not offer legal advice or assist in selecting forms. In re: Calzadilla, 151 B.R. 622 (precedent Bkrtcy. S.D. Fla. 1993). [Equally applicable to foreign attorneys certified as FLCs.]
XVIII.
A non-attorney may not prepare corporate documents for another person. This includes the articles of incorporation, the corporate bylaws, and related documents. The Florida Bar v. Fuentes, 190 So. 2d 748 (precedent Fla. 1966); The Florida Bar v. Keehley, 190 So. 2d 173 (Fla. 1966). [Equally applicable to foreign attorneys certified as FLCs.]
XIX.
The general rule discussed above applies to the area of family law. The forms contained in the family law rules are considered forms approved by the Supreme Court. A non-attorney may not make any changes to the form nor may they give advice on possible courses of action. If the non-attorney is using a form that has not been approved by the Florida Supreme Court, the non-attorney may only type the blank spaces on the form with information obtained from the individual in writing. [Same applies to FLC-certified foreign attorneys.]
XX.
The Florida Supreme Court has held that a non-attorney insurance agent cannot prepare legal documents, including pension plans. The Florida Bar v. Turner, 355 So. 2d 766 (Fla. precedent 1978).
However, in the area of pension plans, the Court has held that certain non-attorneys [and FLC-certified foreign attorneys] who are authorized to appear before the IRS may draft certain pension documents, including the plan itself. The Fla. Bar re: Advisory Opinion – Nonlawyer Preparation of Pension Plans, 571 So. 2d 430 (Fla. precedent 1990).
XXI.
The general rule has been applied to the area of probate. The Florida Supreme Court has held that it constitutes the unlicensed practice of law for a non-lawyer to draft a living trust and related documents for another person. The Florida Bar re: Advisory Opinion on Preparation of Living Trusts by Non-Lawyers, 613 So. 2d 426 (Fla. 1992). The Court has also held that a non-lawyer cannot draft a will for a third party. The Florida Bar v. Larkin, 298 So. 2d 371 (Fla. 1974). However, a non-lawyer corporate creditor may file a statement of claim in a probate matter. Summit Pool Supplies v. Price, 461 So. 2d 272 (Fla. 5th DCA 1985). [Applicable to FLC-certified foreign attorneys unless they apply for pro hac vice admission.]
XXII.
REAL PROPERTY (INCLUDING REAL ESTATE LICENSEES AND TITLE INSURANCE COMPANIES):
In 1950, the Florida Supreme Court held that a real estate licensee may prepare the contract for the sale of real estate, but any other document must be prepared by a member of The Florida Bar. Keyes Co. v. Dade County Bar Association, 46 So. 2d 605 (Fla. precedent 1950).
The drafting of the contract is considered the practice of law; an unlicensed person cannot draft the contract. The Court simply carved out an exception for licensees.
Later, the Court carved out an exception for title insurance companies. In The Florida Bar v. McPhee, 195 So. 2d 552 (Fla. precedent 1967), the Court held that a title insurance company may perform the closing. and prepare documents related to the issuance of title insurance only if the company is actually issuing title insurance. Again, this activity is the practice of the law. These individuals are authorized to do so only in limited circumstances.
As for others, the Court has held that it constitutes the unlicensed practice of law for a non-lawyer to prepare a warranty deed, quitclaim deed, land trust, lease, and mortgage agreement.
Florida Bar v. Irizarry, 268 So. 2d 377 (Fla. precedent 1972); Florida Bar v. Hughes, 697 So. 2d 501 (Fla. precedent 1997); Florida Bar v. Lister, 662 So. 2d 1241 (Fla. precedent 1995); Florida Bar v. Valdes, 464 So. 2d 1183 (Fla. precedent 1985) (there are three Supreme Court-approved leases that non-lawyers [and certified foreign attorneys] may complete with information provided orally by the individual). However, a licensed agent may bid at a judicial foreclosure sale. Heilman v. Suburban Coastal Co., 506 So. 2d 1088 (preceded by Fla. 4th DCA 1987).
XXIII.
A non-attorney may conduct a seminar CLE providing general legal information; however, they may not provide specific legal advice. The Florida Bar v. Raymond, James and Associates, Inc., 215 So. 2d 613 (Fla. 1968). Therefore, while a non-attorney may provide general information, they cannot answer specific legal questions.
XXIV.
CONCLUSION
For the reasons stated, this Amicus Curiae Brief Memorandum should be admitted in support of foreign lawyers certified as “FLC” in Florida under the admission rule Chapter 16 of the Rules Governing The Florida Bar.
DATE: March 24, 2025.
Respectfully submitted,
Humphrey H. Pachecker — Christopher Martin Waine — Juan (John) Rey Rodriguez
Professor of Law JD LLM Professor of Law JD Professor of Law JD
Sebring, Florida Madrid, Spain San Juan, Puerto Rico
Dr.pachecker@ymail.com icorte@ymail.com juan.rey40@yahoo.com
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“Él era Javier Ordóñez, el abogado que murió tras atropello de la Policía.”
“La muerte de este abogado de 44 años conmocionó a todo el país por el evidente abuso policial que dos uniformados ejercieron en su contra. Javier Ordóñez, nació en el municipio de Girardot, Cundinamarca, tenía 44 años, estuvo casado durante 11 años y producto de esa unión se convirtió en padre de dos hijos, uno de 15 y otro de 11 años. Actualmente tenía una relación con Maura Dotti, con quien llevaba casi cinco años viviendo en unión libre. Estudió Ingeniería Aeronáutica, sin embargo, años después decidió estudiar Derecho en la Universidad Cooperativa de Colombia.
Este padre sostenía a su familia y pagaba su carrera con las ganancias que le dejaba un taxi de su propiedad al que le tenía conductor. Sus familiares lo recuerdan como un hombre amable, entregado a sus hijos y muy buen amigo.
Ordóñez se encontraba departiendo con unos amigos en su apartamento, en la madrugada salieron a comprar trago, pero según relatan sus amigos la policía los detuvo para pedirles sus documentos de identidad. En medio del procedimiento los uniformados lo inmovilizaron con más de cuatro descargas con una pistola eléctrica (taser).
En video quedó registrado el procedimiento en el cual Javier Ordóñez, le pedía a los uniformados en repetidas ocasiones que se detuvieran, sin embargo, los dos policías siguieron aplicando descargas eléctricas con un taser de referencia X26, que si bien es considerada “arma no letal”, su uso desmedido puede causar graves complicaciones en el organismo.
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“Él le está diciendo que por favor. Lo estamos grabando. Él ya le dijo que no le haga más. No le peguen”, es lo que escucha en medio de la agresión por parte de los policías”, decían las personas mientras grababan el procedimiento.
Horas después falleció en la Clínica Santa María del Lago, luego de ser trasladado a este centro médico, por los problemas de salud que presentó por la agresión de los uniformados.
Todavía no se graduaba de su segunda carrera, sin embargo, ya contaba con una licencia provisional para ejercer como abogado. Le faltaban un par de exámenes necesarios para cumplir con todos los requisitos que estipula la institución en la que estudiaba.
La Universidad Gran Colombia lamentó la muerte de su estudiantes y realizaron un llamado a las autoridades para que adelanten las investigaciones necesarias para determinar las responsabilidades del lamentable suceso.
El futuro abogado vivió casi toda su vida en el barrio Santa Cecilia, en un apartamento que era de su mamá. “Su mamá se fue a vivir a España cuando estaba muy joven y su hermano vive en Argentina. Cuando su mamá se fue el quedó con su tía, ella era como una madre para él”, aseguró Eliana Garzón, excuñada de Ordóñez.
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El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez le pidió a los medios de comunicación darle un espacio a la familia del fallecido, ya que su esposa se encuentra muy conmocionada y tuvo que solicitar un servicio de Urgencias .”Rogamos a los medios de comunicación y a distintas organizaciones que se han acercado a la familia de Javier Ordoñez guardar prudencia. Su esposa requirió un servicio de urgencia médica a raíz de las presiones y de su estado anímico”.
Por este caso, el comandante encargado Álvaro Borja, dijo que se adelantan las investigaciones correspondientes. “La Policía Metropolitana, ante los hechos que se presentaron en la localidad de Engativá, ha tomado determinaciones, primero, suspender de la actividad operativa y pasar a actividades administrativas a los policías que se encuentran inmersos en estos hechos que han sido denunciados”.
El fiscal, Francisco Barbosa, ordenó la priorización del caso en el que falleció Ordóñez, luego del procedimiento policial. “Dando una atención inmediata, que permita esclarecer los hechos que llevaron a la muerte del abogado, un grupo de investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, de la Fiscalía, coordinados por un fiscal de la unidad de vida de la seccional Bogotá, adelantan los actos urgentes en relación con estos hechos que son materia de investigación”.
Por su parte, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, rechazó el hecho y aseguró que además de la investigación penal ya se abrió también una indagación de carácter disciplinario. Afirmó que la política del gobierno es cero tolerancia con la corrupción o cualquier desconocimiento y violación de las normas legales. Así mismo, expresó su solidaridad y acompañamiento a la familia del fallecido.”
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En Materia de Derechos Humanos. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados dispone en su artículo 26 el principio de ‘Pacta Sunt Servanda’, que establece que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe, el cual fue aceptado por 103 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. En otros términos, viene a constituir el principio del respeto que está dado por la voluntad de que se cumpla con los derechos y libertades reconocidos en los instrumentos internacionales y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que se encuentre sometida a su jurisdicción. Por lo tanto, los Estados como Cuba tienen la obligación de cumplir los principios, estándares, derechos y posibilidades planteadas en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que se ha aceptado su competencia. En otras palabras, los Estados se someten a un orden legal común dentro del cual asumen obligaciones para con las personas sujetas a su jurisdicción, independientemente de su nacionalidad, ya que su objeto y fin es la protección de los derechos fundamentales de la persona y no la protección de los derechos de los Estados.
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El Relator Especial, en su segundo informe a la Comisión de Derecho Internacional (A/CN.4/106), presentó un anteproyecto en el que figuraba un capítulo IV sobre la responsabilidad internacional en que puede incurrir el Estado con motivo del incumplimiento de obligaciones contractuales y actos de expropiación
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El gobierno de Fidel Castro extendió millones de dólares en “bonos públicos” para pagar o compensar por las nacionalizaciones y expropiaciones de propiedades, industrias y empresas confiscadas por la revolución en su campaña de nacionalización nacional. Pero estos bonos nunca se pagaron convirtiéndose en una deuda soberana. Esta la deuda la mantiene Cuba frente a sus acreedores ex propietarios de bienes confiscados. Es, por tanto, la deuda pública que el Estado de Cuba contrajo con la finalidad de financiar su revolución. Este proceso lo realizó a través de la emisión de bonos que pudiéramos definirlos ante un tribunal como títulos de renta fija en los mercados financieros. Esta deuda pública es la obligación que tiene el Estado de Cuba por los bienes acumulados que ha recibido por confiscación y por los que es responsable, expresándose a través del valor monetario total de los bonos y obligaciones que se encuentran en manos del público ex propietarios de dichos bienes.
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En el caso de las nacionalizaciones en Cuba a las empresas norteamericanas, estaba el motivo del carácter socialista comunista de la Revolución de Castro, que suponía la estatización de la propiedad extranjera igual de la nacional privada, con vistas de poder introducir el desarrollo planificado de la economía, que el gobierno proponía como un elemento esencial del modelo económico socialista de la época.
Básicamente, en la nacionalización se devuelve la explotación de recursos naturales previamente en manos privadas al Estado; en la expropiación se transfiere una propiedad privada al Estado previa “justa compensación por el Estado” y sentencia firme; en la estatización, una empresa privada pasa a ser una empresa pública (del estado), bien sea mediante expropiación o por medio de un procedimiento regular de compra-venta y por último, en la confiscación se incautan bienes sin compensación alguna, los cuales quedan bajo disposición de las autoridades.
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En la ausencia de un marco legal sólido y equitativo para la reestructuración de la deuda soberana genera
costos importantes. Los soberanos con deudas insostenibles suelen esperar demasiado antes de buscar una reestructuración.
que actualmente no se encuentra dentro de un régimen legal predecible y transparente, por lo tanto perjudica a los acreedores y deudores por igual. Este trabajo propone un marco para abordar este problema desde sus orígenes: el deterioro de la liquidez de los títulos de deuda soberana en los mercados financieros derivada de la incertidumbre sobre su estado seguro.
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Esta fue supuestamente la principal causa de las recientes crisis financieras y puede resolverse a través de un régimen legal claro y predecible, que asigna responsabilidades a cada uno de los múltiples actores involucrados en la gestión de la deuda soberana desde su emisión hasta su reestructuración. Por
mejorar la coordinación y la transparencia entre los regímenes jurídicos nacionales e internacionales (basado en
el principio subsidiario) a través de organizaciones multilaterales internacionales, este marco introduciría controles y contrapesos tanto a nivel nacional como internacional para mejorar la responsabilidad y la confianza necesarias de todas las partes interesadas a fin de dar forma a un sistema financiero y legal más seguro y sostenible régimen legal.
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Proceso de Nacionalización Cubano. El proceso de nacionalización en Cuba tuvo lugar en tres [3] etapas entre 1959 y 1968 e incluyó diversos procedimientos legales, tales como: confiscación; expropiación forzosa por una autoridad judicial o administrativa con promesas de compensación; e intervención por agencias estatales antes de la confiscación, nacionalización o liquidación de propiedad privada. El paso de la propiedad privada a la estatal, en Cuba, se realizó a través de la confiscación y de la expropiación de los bienes de una persona natural o de una persona jurídica el gobierno de Fidel Castro.
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Primera etapa (1959–1960). Confiscación de propiedades como medida sancionadora.
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Segunda etapa (1959–1963). Reformas Agraria y Urbana. Expropiación de Intereses en manos de Ciudadanos Estadounidenses y Cubanos y Otros Ciudadanos Extranjeros.
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Tercera Etapa (1968). La Ofensiva Revolucionaria.
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Precedentes de la solución de reclamaciones en Cuba: Resulta aleccionador examinar el precedente de acuerdos de solución que Cuba ha negociado con otros países por la expropiación de las posesiones de sus ciudadanos. Según una reseña cubana, dichos acuerdos tienen en común cinco importantes factores: (1) fueron negociados durante largos períodos de tiempo; (2) ninguno de los acuerdos se acogió a la “Fórmula Hull” ni aplicó la norma de “suficiencia,” pues fueron convenios de indemnización global entre gobiernos de dos países que no tuvieron en cuenta ni individual ni colectivamente las cantidades que los ciudadanos afectados reclamaban por la pérdida de sus propiedades; (3) los pagos se realizaron a plazos en vez de hacerse de una sola vez; (4) los pagos se hicieron ya sea en la moneda del país que hizo la reclamación o, como sucedió con España y Suiza, tanto en bienes como en dinero; y (5) todos los acuerdos fueron negociados entre Cuba y el Estado que representaba a los demandantes, sin la participación de estos últimos.
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Alternativa 1: Negociaciones entre Estados Unidos y Cuba — El Presidente de Estados Unidos tiene poderes amplios, aunque no plenarios, para resolver reclamaciones contra gobiernos extranjeros por la expropiación no compensada de propiedades pertenecientes a ciudadanos estadounidenses.
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Alternativa 2: Negociaciones Directas Entre los Demandantes y el Gobierno Cubano — Ya sea como parte de una solución acordada entre dos gobiernos o con independencia de la misma, se podría autorizar al demandante estadounidense a recibir prestaciones directamente de Cuba por sus reclamaciones de expropiación.
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Alternativa 3: Participación en el Programa Cubano de Solución de Reclamaciones — En caso de que no fuese factible para los demandantes estadounidenses emprender negociaciones directas con Cuba, otra alternativa podría ser permitir a los ciudadanos estadounidenses participar en el programa cubano de solución de reclamaciones nacionales.
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Restitución Directa. La restitución de la propiedad real confiscada (“restitución directa”) sería una solución preferida por muchas corporaciones reclamantes estadounidenses, suponiendo que el programa cubano de solución de reclamaciones admita dicha opción.
Restitución de Tipo Sustitución. Puede haber casos en que la restitución directa resulte poco práctica, pero tanto Cuba como el demandante estadounidense seguirán optando por aplicar ese tipo de remedio, y debido a esta circunstancia se podría imponer la restitución de propiedad suplente, es decir, la transferencia al demandante de otra propiedad con un valor equivalente a la confiscada.
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Alternativa 4: Emisión de Obligaciones del Estado — Varios países de Europa Oriental han utilizado instrumentos emitidos por el estado, a los que en general nos referiremos en lo adelante como vouchers o vales, para ofrecer compensación total o parcial a los demandantes por expropiación.
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Alternativa 5: Otros Mecanismos de Compensación — Otras reparaciones que pudieran aplicarse a Cuba y nunca se han empleado en otros lugares podrían consistir en incentivos económicos para invertir en la isla, incluyendo, por ejemplo, la oferta de créditos por impuestos y derechos por el monto total que se reclama o una parte del mismo.
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Reparaciones para los ciudadanos cubanos que se encuentran dentro y fuera de la Isla. La solución de las reclamaciones por expropiación a ciudadanos cubanos es un asunto tanto político como legal. Un tribunal cubano decidirá si los decomisos fueron eficaces y legalmente válidos, y es probable que determine que lo fueron para transferir el título de las propiedades al estado, incluso si dicha acción no tuviera validez. Por tanto, el estado tiene la obligación legal de cumplir con lo establecido en la Constitución de 1940 y la Ley Fundamental de 1959 en su artículo 24, el cual establece en su último párrafo: “La falta de cumplimiento de estos requisitos determinará el derecho del expropiado a ser amparado por Tribunales de Justicia, y en su caso reintegrado en su propiedad”.
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Según este artículo, está claro que la devolución de la propiedad a sus dueños no es un paso automático ni constitucionalmente requerido. De hecho, el procedimiento que establece el artículo 24 decreta que el dueño de posesiones expropiadas que desee cuestionar la validez del decomiso tendría que ponerle pleito al gobierno y, de ganar el caso, el tribunal podría ordenar un desagravio por daños y perjuicios o (si la justicia así lo exige) la restitución de la propiedad. De este modo, a menos que un tribunal falle a favor de la restitución y mientras no lo haga, el Estado cubano conserva el título de propiedad.
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El Estado necesita financiación para llevar a cabo sus políticas sociales y de bienestar, sus políticas económicas y todo el conjunto de actividades con el objetivo de distribuir de forma justa la riqueza del país.
La deuda pública puede afectar, de una manera más o menos directa, a variables económicas de las que depende básicamente el funcionamiento real de la economía, tales como la oferta monetaria, el tipo de interés, el ahorro y sus formas de canalización, bien sea nacional o extranjero, e intermunicipal.
Si bien es cierto que, en algunos casos, como los países europeos, la gestión de la política monetaria recae en el Banco Central Europeo, eximiendo de esta responsabilidad a los Bancos Centrales de cada país.
Respecto a esta función, existen muchas críticas por parte de grandes economistas debido a que el país en cuestión pierde una función primordial como herramienta de gestión ante posibles crisis financieras, dado que no puede modificar sus tipos de interés y su moneda con la finalidad de ser más competitivo frente al exterior, equilibrando y aumentando su balanza comercial, y por tanto, su producto interior bruto.
La deuda soberana más estable a nivel mundial se conoce como el activo sin riesgo, y se calcula como diferencial respecto a otros países, con el objetivo de medir la prima de riesgo de un país ante una situación de quiebra o default. La deuda soberana por excelencia con menos riesgo, son los bonos a 10 años, ya que se considera un período amplio dónde los tipos de interés tienden a ser más estables. Podemos destacar, por tanto, a la deuda americana conocida como T- Notes o a la deuda alemana a 10 años conocida como el Bund.
La deuda soberana es un activo muy presente en las carteras de inversión y sirve de réplica para muchos activos subyacentes. Principalmente, son las agencias de valoración o de rating, las encargadas de valorar la calidad crediticia de ésta, entre las más importantes podemos destacar a S&P, Fitch y Moodys.
Existe una crítica respecto a las agencias de calificación crediticia, que es su ausencia de independencia, dado que existen conflictos de intereses entre las compañías que las pagan, con la finalidad de obtener reputación en el mercado para incrementar su valor y, por tanto, su poder de financiación y sus beneficios.
Si analizamos la deuda pública respecto al PIB de las 30 potencias económicas del mundo, observamos lo siguiente:
La deuda pública de Estados Unidos, el mayor productor económico mundial, alcanza el 108,1% del valor de su producto interior bruto (PIB), tal y como se deriva de las estimaciones más recientes del Fondo Monetario Internacional (FMI).
En segundo lugar, la deuda pública de la segunda superpotencia económica del mundo, China, representa tan sólo el 21,3% de su PIB, siendo este valor, por lo tanto, hasta cinco veces inferior, en términos relativos, al de EE.UU.
No sólo eso; la deuda pública de China sobre el nivel de su producción es once veces inferior a la de Japón (245,4%).
No en vano, el país nipón lidera el ranking mundial de deuda pública, por delante de EE.UU., que ocupa la 11º posición, y China, la 145ª.
Pero en el cuarto, quinto y sexto puesto de la clasificación mundial por producción, Alemania, Francia y Reino Unido, todos ellos, países representantes de la economía europea, presentan unas cifras de deuda pública sobre el PIB del 80,4%, 92,7% y 93,6%, respectivamente.
Dichos niveles se encuentran por encima de los de Brasil (67,2%), que a su vez también rebasa con creces el reducido ratio de deuda pública sobre el PIB de Rusia (10,4%).
Desde Abril, 2019 la administración del Presidente Donald J. Trump anunció que estaba permitiendo a los ciudadanos estadounidenses presentar demandas contra entidades cubanas y empresas extranjeras por propiedades incautadas y utilizadas después de la revolución de Fidel Castro de 1959. Estas demandas bajo el Título III de la Ley Helms-Burton. Un grupo de líneas de cruceros, incluidas algunas con sede en Miami, podrían son compañías en enfrentar demandas bajo la Ley Helms-Burton por el uso de propiedades propiedad de estadounidenses que fueron confiscadas por el gobierno de Fidel Castro hace 60 años.
La lista incluye 10 empresas estadounidenses, entre ellas algunas con sede en Miami como Carnival, Royal Caribbean y Norwegian.
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Nombre de reclamantes. Monto de la pérdida certificada:
Compañía Eléctrica Cubana *: $267,568,414
North American Sugar Industries, Inc .: $97,373,415
Compañía minera MOA Bay: $88,349,000
United Fruit Sugar Company: $85,100,147
West Indies Sugar Corp .: $84,880,958
American Sugar Company: $81,011,240
ITT como fideicomisario: $80,002,794
Exxon Corporation: $71,611,003
The Francisco Sugar Company: $52,643,438
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc .: $51,128,927
International Telephone and Telegraph Co .: $50,676,964
Texaco, Inc .: $50.081.110
Manatí Sugar Company: $48.587.848
Corporación Bangor Punta: $39,078,905
Compañía Nicaro Nickel: $33,014,083
The Coca-Cola Company: $27,526,239
Compañía de cemento Lone Star: $24,881,287
The New Tuinucu Sugar Company: $23,336,080
Colgate-Palmolive: $14,507,935
Braga Brothers, Inc .: $12,612,873
Ciudadanos cubanos privados. Un número incierto de cubanos-estadounidenses. Aunque no hay una cifra clara, algunos informes han sugerido que las sumas probables en juego, incluidos los intereses, podrían ascender a US USD $10.000 millones de dólares.
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file:///C:/Users/Owner/Documents/NACIONALIZACIONES%20EN%20CUBA%20CASTROS/Sovereign_Debt_Defaults_and_Restructurin.pdf
